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Amnistía Internacional (AI) volvió a señalar este viernes que las políticas migratorias de República Dominicana son racistas y exigió al Gobierno cumplir con "sus obligaciones internacionales" para garantizar el respeto a los derechos humanos sin discriminación.
En un comunicado, la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, enfatizó que las autoridades deben tomar medidas ante "las crecientes amenazas contra personas defensoras de los derechos de personas migrantes haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana en situación de apatridia y afrodescendientes”. De lo contrario, advirtió, "estas podrían derivar en violencia física y el silenciamiento permanente de una parte de la sociedad civil dominicana”.
AI insistió en que el Gobierno debe "poner fin a las declaraciones, prácticas, políticas y decisiones antiderechos humanos que favorecen la persistencia del racismo estructural y que han producido un entorno habilitante para la discriminación”.
Entre sus demandas, la organización mencionó la necesidad de reconocer la situación de apatridia en la que quedaron miles de dominicanos de ascendencia haitiana tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2013, así como el cese de "la política migratoria racista que se basa en expulsiones colectivas de personas haitianas y el perfilamiento racial contra personas negras”.
Asimismo, instó a las autoridades a dejar de emitir discursos que vinculen a los migrantes haitianos con el deterioro de los servicios públicos y a reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de estas políticas.
AI denunció que "las políticas racistas del Gobierno han validado un entorno de terror” en los bateyes, donde el miedo a los operativos migratorios es constante.
Desde octubre de 2024, el Gobierno intensificó las repatriaciones con el objetivo de deportar hasta 10,000 personas a la semana, afectando principalmente a ciudadanos haitianos en situación irregular.
Piquer aseguró que la organización ha recibido "dolorosos testimonios de personas que, aun portando documentación regular, dudan de buscar atención médica o ir a trabajar por tanto temor”. Además, alertó sobre el aumento de discursos racistas en medios de comunicación y redes sociales, lo que ha derivado en ataques digitales contra defensores de derechos humanos.
AI también criticó las restricciones impuestas a la libre expresión en espacios públicos, mencionando un caso ocurrido el 8 de marzo, cuando la policía interrumpió un acto por el Día Internacional de la Mujer al confundir una expresión cultural con una canción en creole.
La organización reiteró que el presidente Luis Abinader tiene la responsabilidad de "liderar acciones concretas para fortalecer el respeto a las voces críticas y garantizar un entorno donde la defensa de la justicia racial sea protegida”.
