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Amnistía Internacional manifestó este martes su oposición al nuevo Código Penal de República Dominicana, que conserva la penalización total del aborto, incluso en casos de violación, incesto, riesgo para la vida de la mujer o malformaciones fetales incompatibles con la vida.
El texto legal fue promulgado el 3 de agosto por el presidente Luis Abinader, tras su aprobación en el Congreso Nacional luego de años de discusiones. Según AI, «los poderes legislativo y ejecutivo ignoraron buena parte de las demandas de la sociedad civil y de figuras públicas que exigían un mejor Código».
Para Astrid Valencia, directora de investigación para las Américas de la organización, con la firma de esta ley el mandatario «consolida un legado de violencia institucional e injusticia de género».
«La sociedad dominicana merece un Código que garantice derechos humanos, no uno que perpetúe la draconiana prohibición absoluta del aborto, poniendo en riesgo la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y niñas», señaló en el comunicado.
El documento recordó que República Dominicana figura entre los países con mayores tasas de mortalidad materna en la región y que se estima que el 10% de estas muertes están vinculadas a abortos inseguros. AI advirtió además que la normativa contiene otras disposiciones que profundizan la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas.
Entre las deficiencias, la organización mencionó la prescripción de la acción penal en casos de violencia sexual contra mujeres adultas, una tipificación regresiva de la violencia sexual dentro de la pareja, la permisividad frente al castigo físico a menores y la falta de sanciones por discriminación basada en orientación sexual o identidad de género.
«No es casualidad que el aborto y la correcta tipificación y sanción de la violencia sexual sean parte de los pendientes de este Código Penal. Estas omisiones reflejan una visión profundamente patriarcal y machista que busca controlar los cuerpos, las decisiones y la vida de las mujeres», afirmó Johanna Cilano Peláez, investigadora del Caribe de AI.
La organización pidió al Gobierno y al Congreso Nacional que modifiquen el Código antes de su entrada en vigencia en 2026, para asegurar que los derechos humanos, la igualdad de género y la protección de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ «sean ejes centrales de la legislación penal».