x
A propósito de la medida que comenzó a aplicar el lunes el gobierno dominicano como parte del paquete de políticas adoptadas por la creciente migración irregular procedente de Haití, Amnistía Internacional (AI) instó este miércoles al Gobierno de la República Dominicana a poner fin “de inmediato” a las expulsiones colectivas de haitianos y a derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación.
Amnistía Internacional advirtió que implementar un sistema que expone a las personas migrantes a la deportación tras recibir atención médica “no solo viola el derecho a la salud, sino que deshumaniza a quienes no tienen documentación y, con toda probabilidad, disuadirá a muchos de acudir a los hospitales, poniendo vidas en riesgo”. Así lo afirmó Ana Piquer, directora de AI para las Américas.
En ese sentido, la organización instó al Gobierno dominicano a tomar medidas concretas contra la discriminación racial, garantizar el acceso a protección internacional para quienes lo necesiten y asegurar un entorno libre de estigmatización.
Las nuevas disposiciones “acentúan el desafío del Gobierno a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado dominicano y contradicen las recomendaciones en materia de derechos humanos emitidas por organismos internacionales”, añadió AI.
Asimismo, la organización denunció que estas políticas violan el principio constitucional dominicano de acceso gratuito y universal a la salud, institucionalizando la discriminación hacia las personas migrantes, en especial a las de nacionalidad haitiana sin documentación, solicitantes de asilo, personas en situación de apatridia y dominicanos de ascendencia haitiana.
La nota destaca que desde octubre de 2024, se han registrado más de 180,000 deportaciones, que AI califica como expulsiones colectivas, una práctica prohibida por el derecho internacional. La organización hizo un llamado a la población dominicana a “rechazar estas medidas crueles y racistas”.
Durante el primer día de implementación del protocolo, 87 mujeres haitianas embarazadas o en trabajo de parto fueron detenidas en hospitales. La medida se ejecuta en 33 centros de salud y forma parte de las 15 disposiciones anunciadas el pasado 6 de abril por el presidente Luis Abinader.
Según lo establecido en el protocolo, inspectores y agentes migratorios verificarán en los hospitales que los pacientes cuenten con una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y que puedan cubrir el costo de los servicios médicos recibidos. De no cumplir con estos requisitos, los pacientes serán atendidos y, una vez recuperados, deportados, tal como lo informó el presidente en un mensaje a la nación. En dicho discurso, Abinader recomendó a los haitianos indocumentados que viven en República Dominicana “marcharse voluntariamente” o, de lo contrario, “serán buscados y repatriados”.
Cabe recordar que en octubre pasado, el presidente Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, con un promedio de 10,000 deportaciones por semana, afectando mayoritariamente a ciudadanos haitianos. Esto ha ocurrido pese a los llamados de organizaciones y organismos internacionales a evitar las devoluciones forzadas a Haití, donde en 2024 se reportaron más de 5,600 muertes a causa de la violencia.
