La directora regional adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, afirmó a través de El Rumbo de la Mañana que el principal problema del sistema de salud dominicano no proviene del acceso de personas haitianas, sino del “abandono” histórico del propio Estado.
Al contrastar cifras oficiales con tendencias recientes, queda evidenciado que el servicio sanitario nacional opera con niveles críticos de inversión, infraestructura limitada y déficit severo de personal, describió la funcionaria de Amnistía Internacional.
“Estamos hablando de un nivel de inversión bajísimo, del 2.7 % cuando la media debería ser al menos del 6% del producto interno bruto”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que la carga no recae en la población usuaria, sino en la precariedad acumulada del sistema.
“Lo que encontramos es que es real abandono… el real problema más bien del sistema de salud dominicano recae en el abandono del sistema dominicano, no de las personas que son usuarias”, precisó Valentina Ballesta.
Indicó que la narrativa que se utiliza para justificar restricciones o protocolos diferenciados carece de fundamento empírico. “La narrativa que sostiene hoy en día el protocolo hospitalario y que conlleva a la estigmatización… realmente no se sostiene”, advirtió.
La representante de Amnistía Internacional recordó que la salud es un bien comunitario, no individual, por lo que excluir o limitar el acceso de un grupo afecta a toda la sociedad.
“No se puede pretender que restringir el acceso a la salud de una población no va a afectar a miles de otras personas”, dijo, citando como ejemplo la experiencia reciente con la pandemia de COVID-19.
Uno de los riesgos más graves, según destacó, es la interrupción de tratamientos esenciales. Ballesta alertó que expertos consultados para el informe advirtieron consecuencias sanitarias de gran alcance: “Nos indicaban el riesgo, por ejemplo, de las personas que están dejando de recibir antirretrovirales para tratar VIH y para prevenir más contagios”.
A esto se suman preocupaciones sobre un eventual aumento en la mortalidad materna y problemas vinculados con la atención de nacimientos.
“Estamos olvidando que cuando hablamos de salud pública no es solamente una cuestión de garantizar el derecho a la salud, sino una cuestión de política pública del bienestar de las comunidades enteras”, expresó.
Datos del Informe
Sobre los datos que sustentan el informe, Ballesta explicó que el equipo analizó estadísticas entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2025.
“Pudimos hacer el diagnóstico de que realmente no existe tal presión sobre el sistema de salud por parte de personas usuarias haitianas”, afirmó. Agregó que las cifras, “no representan una cantidad suficiente para tomar este tipo de medidas”.
Ballesta también señaló que la situación humanitaria en Haití no debe utilizarse como argumento político dentro de la República Dominicana.
“Se utiliza esta tragedia humanitaria para justificar las deficiencias del propio gobierno dominicano”, sostuvo. En paralelo, reiteró el llamado de Amnistía Internacional a la comunidad internacional para asumir corresponsabilidad y apoyar soluciones lideradas por la sociedad haitiana.
Finalmente, subrayó que no se exige al Estado dominicano acciones imposibles, sino un enfoque coherente con los derechos humanos y con la realidad estadística. “Nadie le está pidiendo a República Dominicana que haga algo imposible”, expresó, pero insistió en que cualquier respuesta debe evitar estigmatizaciones y basarse en evidencia verificable.