Ambientalista afirma fallo por Duquesa “le salió barato” a RD y denuncia irregularidades

El conflicto comenzó en 2017 tras rescindir un contrato por incumplimientos; el empresario afectado reclamó 300 millones. Bautista subrayó que la falta de acción sobre falsificaciones vulneró la defensa.

El ambientalista Nelson Bautista aseguró que el pago de aproximadamente 44 millones de dólares que deberá asumir el Estado dominicano tras un fallo internacional por el caso del vertedero de Duquesa “le salió barato” al país, al considerar que el proceso estuvo marcado por irregularidades y una débil defensa institucional.

Bautista explicó que el conflicto se remonta a 2017, cuando el Ministerio de Medio Ambiente rescindió el contrato de la empresa vinculada al manejo del vertedero de Duquesa por presuntos incumplimientos. Sin embargo, el empresario afectado llevó el caso a arbitraje internacional reclamando hasta 300 millones de dólares.

Según el ambientalista, el Estado dominicano no actuó con la debida diligencia en los tribunales locales para perseguir supuestas falsificaciones de títulos de propiedad vinculadas a esos terrenos, lo que debilitó su posición en el proceso internacional. “Se trata de un fraude sobre otro fraude, que al final termina pagando el pueblo dominicano”, sostuvo.

Fallo internacional y contexto del caso

El caso avanzó hasta instancias internacionales vinculadas al arbitraje comercial y posteriormente a un tribunal federal en Washington, donde se determinó que el Estado debía pagar una compensación parcial al empresario. Bautista señaló que, pese a las advertencias realizadas en su momento por expertos y actores del proceso, no se dio seguimiento a las investigaciones locales que podían haber cambiado el curso del litigio.

En ese sentido, recordó que incluso se habrían falsificado documentos oficiales para justificar la propiedad de los terrenos del vertedero, situación que fue conocida por autoridades judiciales sin que se produjeran consecuencias penales.

Importante:

El ambientalista insistió en que aún existen oportunidades para que el Estado investigue responsabilidades internas, al tiempo que advirtió que este caso refleja fallas estructurales en la defensa jurídica del país frente a litigios internacionales.