El fiscal general de Washington D. C., Brian L. Schwalb, demandó a Amazon por suspender de manera secreta su servicio de entrega Prime en barrios desfavorecidos de la capital estadounidense.
La demanda señala que, durante los últimos dos años y medio, la empresa ha dejado de ofrecer este servicio en dos códigos postales al este del río Anacostia, afectando a alrededor de 50,000 miembros de Prime en la zona.
El fiscal alega que Amazon tomó esta decisión de manera deliberada, lo que ha generado preocupación sobre la equidad en el acceso a los servicios de la compañía.
Las autoridades ahora buscan una solución para que los residentes de estos vecindarios puedan acceder de nuevo a las entregas rápidas.
«Sin que estos residentes lo supieran, Amazon les ha cobrado colectivamente millones de dólares por un servicio que no reciben», subraya.
El fiscal indica que la exclusión de estos vecindarios, en los que residen en su mayoría personas negras, viola las leyes de protección de los consumidores y pide por ello una compensación por daños y perjuicios, así como sanciones a la empresa.
De acuerdo con la demanda, en 2023, el resto de usuarios de Prime que vivían en la ciudad recibieron sus paquetes en los dos días que fija la empresa un 75 % de las veces, mientras que los residentes de los códigos postales afectados recibieron sus productos en este plazo solo el 24 % de las veces.
Para los barrios excluidos, Amazon dependió exclusivamente de los servicios de entrega de otras empresas como United Parcel Service (UPS) o el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), lo que «ha dado lugar a una disminución significativa en la velocidad y calidad del servicio Prime» en estas zonas.
En un comunicado, una portavoz de Amazon tildó de «categóricamente falsa» la acusación de que sus prácticas comerciales son engañosas, y explicó que la compañía excluyó ciertos barrios «para proteger la seguridad de los repartidores».
«En estos códigos postales se han producido actos específicos dirigidos contra los conductores que entregan paquetes de Amazon», aseguró.
Por su parte, Schwalb reconoce que «las empresas que operan en el distrito tienen el derecho a tomar medidas para proteger a sus empleados», pero subraya que «tienen la obligación de ser transparentes para que los consumidores puedan tomar decisiones de compra informadas».
Esta no es la primera vez que Amazon se enfrenta a una acusación de este tipo: en 2016, una investigación de Bloomberg reveló que la empresa excluía de sus servicios de entrega en un día aquellos códigos postales donde vivían, en su mayoría, personas negras.