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El Estado dominicano mantiene una alta dependencia del alquiler de inmuebles para el funcionamiento de varias instituciones públicas, con compromisos que superan los tres mil millones de pesos, según datos de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas. Los montos corresponden a contratos de renta distribuidos entre distintas entidades que operan en edificios arrendados.
Uno de los casos más recientes es el de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, que trasladó su sede a finales de 2024 tras firmar un contrato de alquiler superior a RD$1,400 millones por 10 años en el edificio Vista 311, del piso 6 al 10, mediante acuerdo con Inmobiliaria Reservas y AFI Reservas.
Varias instituciones operan en locales arrendados
También figura el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, que mantiene alquilado desde hace al menos dos años un edificio en Gazcue, mediante un contrato superior a 11 millones de pesos por 24 meses. A esto se suman otros procesos menores relacionados con espacios utilizados por la institución.
El Consejo Nacional de Competitividad se comprometió desde 2023 a pagar poco más de dos millones de pesos mensuales durante cinco años, lo que representa cerca de RD$145 millones por el edificio que ocupa en la avenida Enrique Jiménez Moya.
Indotel destaca ahorro con edificio propio
En contraste, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones inauguró en enero su nueva sede institucional, financiada con recursos públicos, tras dejar atrás 24 años de alquiler. Según sus autoridades, esta decisión generará un ahorro estimado de RD$1,540 millones en los próximos diez años.