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El almirante Sigfrido Pared Pérez, exministro de las Fuerzas Armadas, afirmó este martes en El Sol de la Mañana que el acuerdo firmado entre el Gobierno dominicano y los Estados Unidos para el uso de los aeropuertos de Las Américas y San Isidro en operaciones logísticas y de seguridad es coherente con la relación histórica, comercial y estratégica entre ambos países.
El exoficial sostuvo que esta cooperación se enmarca en los esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo en el Caribe, región donde ambos países mantienen intereses de seguridad “directos y coincidentes”.
Pared Pérez explicó que Estados Unidos es el principal socio comercial de la República Dominicana y que ambos comparten compromisos operativos desde hace décadas para enfrentar el crimen transnacional. A su juicio, el acuerdo permite reforzar capacidades en un entorno donde el país enfrenta desafíos simultáneos: frontera terrestre con Haití —a la que definió como “la más riesgosa del hemisferio”—, y una extensa frontera marítima vinculada al tráfico de drogas desde Sudamérica.
“República Dominicana tiene que hacer esfuerzos permanentes para mantener niveles de seguridad aceptables. Este tipo de cooperación es parte de esos esfuerzos y no implica cesión de soberanía”, señaló.
El exministro reconoció que cualquier decisión de esta naturaleza acarrea riesgos futuros, especialmente en un contexto regional tenso por las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, insistió en que el Gobierno dominicano actuó dentro de los parámetros normales de cooperación estratégica.
No obstante, advirtió que lo verdaderamente sensible sería que desde territorio dominicano se lanzaran operaciones ofensivas hacia un tercer país:
“Lo importante es que no ocurra ninguna agresión desde estos aeropuertos hacia otro territorio. Eso, en la historia, podría afectar a la República Dominicana”.
Pared Pérez subrayó que la decisión responde al contexto de combate al narcotráfico, donde operan redes de alta complejidad que involucran múltiples países. Por ello, dijo, “resulta prácticamente inevitable que el país mantenga acuerdos de cooperación avanzada con los Estados Unidos”.
El exjefe militar explicó que la República Dominicana es “el país de mayor riesgo en las Américas” debido a tres factores:
Recordó que en 2019 circularon por los puertos del país 4 millones de contenedores, lo que representa un alto nivel de riesgo para tráfico de drogas, armas, personas y mercancías ilícitas.
Pared Pérez también esclareció la percepción pública de que en algunos casos es la DEA —y no las autoridades dominicanas— la que realiza arrestos de alto perfil. Explicó que, por razones de inteligencia, en ocasiones Estados Unidos solicita a las autoridades dominicanas no detener a ciertos individuos para dar seguimiento a estructuras más grandes.
“Muchas veces teníamos personas localizadas y bajo vigilancia, pero nos pedían que no las apresáramos porque buscaban conexiones superiores. Esto es normal en operaciones contra narcotraficantes de alta gama”, dijo.
Sobre la reciente decisión del Tribunal Constitucional que despenaliza la homosexualidad en las Fuerzas Armadas y la Policía, Pared Pérez consideró que la sentencia “era innecesaria”, recordando que en décadas de servicio nunca vio un caso de sometimiento penal por orientación sexual.
Aclaró que los reglamentos militares sancionan igualmente cualquier relación sexual —heterosexual u homosexual— dentro de cuarteles o instalaciones militares, por lo que, a su juicio, el debate debe centrarse en disciplina, no en orientaciones personales. “Usted puede ser lo que quiera en su vida privada, pero no arrastrar esa vida privada a funciones institucionales”, afirmó.
Pared Pérez opinó que la actual gestión ha tenido desafíos por falta de experiencia inicial, señalando que el cambio de 2020 llevó al poder a figuras jóvenes sin trayectoria previa en áreas de seguridad. Sin embargo, consideró que el país continúa avanzando en la consolidación de políticas de seguridad integral.
El exministro recordó que, por normativa vigente desde 2013, cargos como el director del DNI o el ministro de Defensa pueden ser ocupados por civiles, aclarando que esto no constituye una anomalía, pues hay precedentes históricos y comparaciones internacionales similares.
Finalmente, reiteró la necesidad de una Ley de Seguridad y Defensa Nacional, una propuesta que ha planteado durante más de dos décadas. Dijo que esta legislación serviría de marco general para articular políticas de inteligencia, defensa, seguridad interna, geopolítica y manejo de amenazas modernas.
“Necesitamos una ley sombrilla que unifique criterios y establezca un Consejo Nacional de Seguridad y Defensa que se reúna periódicamente. El país lo demanda desde hace décadas”, concluyó.