AIRD denuncia incertidumbre empresarial y advierte prohibición de importar tapas plásticas viola acuerdos internacionales
La prohibición afectaría industrias como la de alimentos y bebidas que dependen de tapas de seguridad no fabricadas localmente. Pujols señala que la medida carece de estudios técnicos y llama a su revisión.
El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, alertó este viernes en El Sol de la Mañana que el sector productivo enfrenta un clima de “profunda incertidumbre” tras las observaciones del Poder Ejecutivo al proyecto de ley de gestión de residuos sólidos, que introduce una prohibición a la importación de tapas plásticas que no se fabrican en el país.
Pujols afirmó que esta medida, tal como fue remitida por el presidente al Congreso, colocaría al país en violación de compromisos asumidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), el acuerdo del DR-CAFTA y los convenios firmados con la Unión Europea. “La prohibición general de importar tapas plásticas contradice normas básicas de trato nacional y abre riesgos serios en nuestras relaciones comerciales”, advirtió.
“Una medida sin desglose, sin estudios y sin hoja de ruta”
El ejecutivo explicó que la disposición no especifica tipos, usos ni categorías de tapas plásticas, sino que establece una prohibición absoluta 60 días después de promulgada la ley, lo que generó preocupación inmediata en las industrias de alimentos, bebidas, farmacéutica y bebidas alcohólicas.
Mostró ejemplos de tapas utilizadas en envases Tetra Pak y en licores, que incluyen sistemas de seguridad que no se producen localmente. Lo mismo ocurre con cierres farmacéuticos con sellos de protección. “Estas tapas no se fabrican en República Dominicana. Ninguna industria surge en 60 días ni en 18 meses. No existe hoja de ruta para desarrollar esa capacidad productiva”, explicó.
Pujol señaló que, aunque algunas observaciones presidenciales corrigieron problemas —como la obligatoriedad del uso de combustibles derivados de residuos en la industria del cemento—, la inclusión de esta prohibición sorprende y carece de estudios técnicos sobre su impacto. “No se ha presentado ningún análisis costo–beneficio ni justificación que sustente el incremento de tasas y contribuciones o esta nueva restricción comercial”, añadió.
Impacto inmediato en sectores sensibles
El representante de la AIRD explicó que el sector de alimentos y bebidas ha sido el más afectado por la incertidumbre. Mencionó que muchos productos dependen de tapas importadas con sellos de seguridad, necesarias para garantizar inocuidad y cumplimiento de normas internacionales.
Advirtió también que la industria de bebidas alcohólicas viene de años difíciles tras la pandemia, y que imponerles un cambio forzado y sin alternativas locales representaría un riesgo innecesario. “No estamos hablando de un insumo cualquiera. Son componentes críticos para la seguridad del producto y del consumidor”, sostuvo.
Incongruencias dentro del propio proyecto
Pujol señaló que el documento tiene inconsistencias internas. Mientras por un lado prohíbe importaciones esenciales, por otro promueve el ecodiseño y la adopción de tapas adheridas al envase, tal como exige la normativa europea. “En el país, varios productores ya utilizan ese tipo de tapas. Sin embargo, la prohibición general los dejaría sin insumo”, explicó.
En cuanto a las fundas plásticas y al cumplimiento de normas de biodegradabilidad para el foam, indicó que algunas observaciones del Ejecutivo sí representan avances porque clarifican responsabilidades del Ministerio de Medio Ambiente y del Instituto Dominicano de la Calidad (Indocal), estableciendo mecanismos de certificación.
Un proceso legislativo sin margen de ajuste
El vicepresidente de la AIRD recordó que, según la Constitución, el Senado debe decidir si acepta o rechaza en bloque las observaciones del presidente, sin posibilidad de modificar partes específicas. “O se aprueba todo o se rechaza todo. No hay espacio para ajustes puntuales”, señaló.
Pujol insistió en que una eventual aprobación obligaría a derogar la prohibición mediante una nueva ley, ya que no podría ser modificada por decretos, reglamentos o resoluciones administrativas.
Llamado a revisión y a evitar un conflicto comercial
Finalmente, reiteró que el sector industrial ha expresado sus inquietudes a diferentes niveles del Gobierno y espera que el Congreso examine el impacto de la medida antes de tomar una decisión. “Estamos ante un riesgo normativo interno, pero también ante un posible conflicto con nuestros principales socios comerciales”, advirtió.
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