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La agente especial Rebecca González Ramos, quien lidera la oficina en San Juan del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HIS, por sus siglas en inglés), afirmó este martes que los recientes operativos dirigidos a migrantes dominicanos en Puerto Rico buscan cumplir con la ley migratoria y no deben interpretarse como persecuciones indiscriminadas.
Según González Ramos, los dominicanos que residen en Puerto Rico sin autorización tienen la opción de regularizar su estatus migratorio o regresar voluntariamente a su país de origen. En el marco de una "emergencia nacional" relacionada con el tema migratorio, se han intensificado los recursos y operativos destinados a identificar personas en situación irregular, especialmente aquellas con vínculos a actividades delictivas.
“Esto no es una cacería de brujas. Nuestro trabajo consiste en ejecutar órdenes finales de deportación y actuar sobre información de inteligencia respecto a individuos que no tienen estatus legal y están involucrados en delitos. Si no poseen un estatus migratorio válido, procedemos a detenerlos y llevar a cabo el proceso administrativo correspondiente”, explicó González Ramos.
El operativo reciente abarcó áreas con alta población dominicana, como Barrio Obrero en San Juan, así como localidades como Carolina, Mayagüez y Fajardo. Durante estas intervenciones, algunos detenidos fueron liberados tras confirmarse que no tenían vínculos con actividades criminales.
La agente subrayó que la ley requiere que los no ciudadanos porten sus documentos migratorios en todo momento. Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón afirmó que estas acciones no están dirigidas exclusivamente a la comunidad dominicana, recordando que en el último año se deportaron a más de 900 ciudadanos de ese país.
El cónsul dominicano en Puerto Rico, César Cedeño, instó a sus compatriotas a mantener su documentación en regla para evitar inconvenientes legales. Asimismo, señaló que ha estado en contacto con los 12 dominicanos que aguardan deportación para garantizar que sus derechos sean respetados durante el proceso.