x
El abogado Wanchy Medina afirmó este viernes que la resolución mediante la cual la Cámara de Cuentas se aumentó los salarios sigue vigente en el orden jurídico, pese a que el pleno ha intentado presentar su revocación ante la opinión pública.
Durante una entrevista en El Sol de la Mañana, el jurista explicó que la decisión adoptada el pasado 13 de marzo, identificada como la resolución 17, no ha sido anulada conforme al procedimiento legal correspondiente, por lo que continúa produciendo efectos.
“Ese acto sigue vivo”, enfatizó Medina, al tiempo que aclaró que una simple nota de prensa o declaración pública no tiene la capacidad jurídica de dejar sin efecto una resolución administrativa formal.
El abogado reiteró que la medida incurre en una violación al artículo 140 de la Constitución, ya que los miembros del órgano fiscalizador no tienen facultad para aumentarse sus propios salarios.
Indicó que, si consideraban insuficiente su remuneración, debieron establecer un ajuste con efectos hacia el futuro, aplicable a un próximo pleno, y no beneficiarse directamente.
Asimismo, criticó que el mecanismo utilizado para intentar revertir la decisión tampoco se ajusta a la ley. Explicó que, al tratarse de un acto administrativo favorable —porque otorga beneficios económicos—, la Cámara de Cuentas no puede simplemente revocarlo de manera unilateral.
“Ellos pueden rectificarlo, pero para que ese acto salga definitivamente del ordenamiento jurídico, tienen que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa”, precisó.
En ese sentido, señaló que corresponde al Tribunal Superior Administrativo (TSA) decidir la nulidad del acto mediante el llamado procedimiento de lesividad, el cual puede ser iniciado tanto por la propia institución como por cualquier ciudadano.
Medina subrayó que, mientras la resolución no sea anulada por un tribunal, cualquier ciudadano tiene calidad jurídica para impugnarla, amparado en el artículo 22 de la Constitución Dominicana.
“Si ellos no lo hacen, cualquiera de nosotros puede accionar como ciudadano para que ese acto sea expulsado”, sostuvo.
El jurista también denunció una nueva irregularidad: la Cámara de Cuentas no ha publicado la resolución 17, que aprobó el aumento salarial, ni tampoco la que supuestamente la revoca.
Explicó que, al revisar el portal de transparencia de la institución, sí aparecen publicadas otras decisiones posteriores, como las resoluciones 19 y 20, pero no la que originó la controversia.
“Eso es grave y evidencia mala fe administrativa. Si publicas resoluciones posteriores y ocultas la que te beneficia directamente, tienes que explicar por qué”, cuestionó.
A su juicio, esta omisión constituye una violación a la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y a la Ley 107-13 sobre procedimiento administrativo, que obligan a publicar los actos administrativos.
Advirtió además que este tipo de faltas puede acarrear sanciones, incluyendo la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Medina criticó que los actuales miembros de la Cámara de Cuentas han asumido conductas orientadas a beneficiarse personalmente desde su llegada, en lugar de enfocarse en su labor fiscalizadora.
Señaló que, a más de un año de gestión, no se evidencian auditorías propias del pleno actual, sino la publicación de trabajos heredados de administraciones anteriores.
“Lo que han hecho es abrogarse beneficios. No hay una sola auditoría que pueda atribuirse a esta gestión”, afirmó.
Finalmente, insistió en que el caso debe ser llevado a la justicia para garantizar la legalidad y la transparencia en la administración pública.
“Este tema no está cerrado. Mientras no haya una decisión judicial, ese acto sigue vivo y sigue lesionando el interés público”, concluyó.