Adriano Espaillat y Federación Hispana piden al Congreso reformar normas de ICE y garantizar derechos humanos

El congresista Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, y Frankie Miranda, presidente de la Federación Hispana, instaron este lunes al Congreso de Estados Unidos a reformar las normas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y proteger los derechos de las personas detenidas.

Espaillat advirtió sobre “acciones profundamente preocupantes” ocurridas en las últimas semanas, que incluyen redadas en lugares sensibles, uso de gases lacrimógenos, deportaciones de beneficiarios de programas migratorios legales e incluso detenciones de ciudadanos estadounidenses.

“Hemos visto cómo se arrestan y deportan personas con estatus migratorio regular, beneficiarios de DACA y residentes permanentes legales. Estas prácticas son inaceptables”, denunció el legislador por Nueva York.

Por su parte, Miranda pidió al Congreso garantizar “los derechos fundamentales de todas las personas detenidas por ICE”, incluyendo el acceso a representación legal, intérpretes y atención médica adecuada.

“Debemos reformar los protocolos de actuación de los agentes, restablecer la aprobación previa al arresto, exigir el uso de cámaras corporales e identificaciones visibles. La rendición de cuentas no puede existir en la clandestinidad”, expresó Miranda, quien habló en nombre de más de 200 líderes comunitarios.

Críticas a la campaña de deportaciones

Los líderes hispanos criticaron las políticas del presidente Donald Trump, quien mantiene activa una campaña de deportaciones masivas de personas con estatus migratorio indefinido. Según denunciaron, esta ofensiva ha derivado en arrestos sin debido proceso, detenciones de ciudadanos estadounidenses y la movilización de la Guardia Nacional a ciudades que se oponen a tales operativos.

Miranda subrayó que el Congreso “debe ejercer una supervisión real sobre las operaciones de ICE” para garantizar que las detenciones respeten los derechos humanos y el acceso a defensa legal.

Plan de acción comunitaria en diez puntos

Espaillat y Miranda también presentaron un plan de 10 puntos destinado a ayudar a las comunidades a prepararse y responder ante las intervenciones de ICE. Entre las principales medidas, destacaron:

• Activar redes estatales y locales de respuesta rápida para brindar apoyo legal y operativo en tiempo real durante las redadas.
• Designar escuelas, pequeños negocios y espacios comunitarios como zonas seguras, donde se prohíban acciones policiales.
• Impulsar campañas educativas que informen a los ciudadanos sobre sus derechos y los contactos de emergencia para obtener asistencia legal.
• Coordinar organizaciones jurídicas y abogados de inmigración en un sistema centralizado de respuesta ante detenciones masivas o violaciones de derechos civiles.
• Establecer redes de apoyo posterior a los operativos y promover la enseñanza virtual en distritos escolares para estudiantes que teman asistir presencialmente.

Asimismo, propusieron visitas regulares del Congreso y de representantes comunitarios a tribunales de inmigración y centros de detención, además de exhortar a los departamentos de Justicia y Seguridad Interna a emitir directrices vinculantes que limiten la aplicación de la ley en lugares sensibles y prohíban el uso de agentes químicos.

“Proteger los derechos humanos no es una opción, es una obligación moral y constitucional”, concluyó Espaillat.