El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó las conclusiones presentadas por EDUCA en su informe sobre el impacto económico de la suspensión de clases, al considerar que el documento contiene inconsistencias metodológicas y presenta datos fuera de contexto.
La organización sostuvo que el estudio intenta responsabilizar exclusivamente a los docentes de situaciones que, a su juicio, tienen su origen en problemas estructurales que afectan al sistema educativo nacional, por lo que rechazó los señalamientos formulados en el reporte.
ADP cuestiona metodología y cifras del informe
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha expresado su preocupación por la metodología utilizada en el reciente informe sobre el sistema educativo. Según la ADP, los datos presentados no reflejan la realidad de las escuelas en el país. La presidenta de la ADP, Xiomara Guante, señaló que es fundamental revisar los criterios de evaluación para obtener un diagnóstico más preciso.
En el informe se destaca una supuesta mejora en los índices de calidad educativa, pero la ADP argumenta que estos resultados no coinciden con las experiencias diarias de los docentes. Además, se cuestiona la falta de transparencia en la recopilación de datos y se pide una auditoría independiente para verificar la veracidad de las cifras presentadas.
La ADP también ha solicitado una reunión con el Ministerio de Educación para discutir las discrepancias y buscar soluciones conjuntas. La organización insiste en que es crucial trabajar de manera colaborativa para mejorar el sistema educativo y garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes del país.
La ADP expresó preocupación por lo que considera una intervención de entidades privadas en la evaluación de la educación pública, al señalar que dichas valoraciones no cuentan con el aval técnico ni institucional del Ministerio de Educación, organismo facultado para monitorear el cumplimiento del calendario escolar.
El gremio afirmó que el informe parte de una premisa errónea al indicar que durante el año escolar 2025-2026 se perdieron 1,384 horas de docencia. Explicó que el calendario oficial aprobado por el Consejo Nacional de Educación establece 1,528 horas lectivas para los niveles Inicial y Secundario, por lo que entiende que las cifras presentadas requieren una validación previa antes de emitir conclusiones de alcance nacional.
Asimismo, rechazó la afirmación de que 55 convocatorias de suspensión afectaron a los 7,921 centros educativos públicos y semioficiales del país, recordando que el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP no ha convocado una paralización nacional de la docencia en más de tres años.
La organización precisó que las protestas registradas en provincias como Duarte, Santiago, Azua, San Juan, Haina, Tamayo y Boca Chica responden a reclamos relacionados con el deterioro de la infraestructura escolar, la falta de aulas, condiciones de seguridad y situaciones extraordinarias, como las intoxicaciones provocadas por fumigaciones agrícolas en San Francisco de Macorís.
La ADP sostuvo que reducir estas demandas a simples pérdidas económicas ignora que muchas de las acciones desarrolladas buscan garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes y mejorar el entorno educativo.
El gremio también cuestionó la autoridad moral con la que EDUCA, el Foro Socioeducativo, la Federación de APMAE y Fe y Alegría presentan estimaciones económicas sobre la educación pública, al recordar que estas entidades reciben recursos provenientes del Estado dominicano.
Según datos citados por la ADP, EDUCA ha recibido RD$67 millones mediante programas financiados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, mientras que Fe y Alegría ha percibido más de RD$12 millones en subvenciones, para un total superior a RD$79 millones provenientes de fondos públicos.
La organización señaló que, tomando en cuenta los costos estimados por la Dirección de Infraestructura Escolar, esos recursos habrían permitido construir entre 11 y 15 aulas adicionales para el sistema educativo nacional.
En ese sentido, consideró contradictorio que organizaciones beneficiarias de recursos del 4 % del PIB destinado a educación atribuyan a los docentes supuestas pérdidas económicas, mientras guardan silencio sobre problemas como el déficit de aulas, la sobrepoblación estudiantil y el deterioro de numerosos planteles escolares.
La ADP reiteró que la prioridad debe centrarse en garantizar escuelas seguras y adecuadas para estudiantes y docentes, fortalecer las condiciones de aprendizaje y mejorar la inversión pública en educación bajo criterios de eficiencia, transparencia y equidad.
Finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública, el cumplimiento del calendario escolar y la lucha permanente por mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.