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La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sometió a la justicia a los propietarios o responsables de fincas ubicadas en los alrededores del Centro Educativo Emilio Prud’Homme, en la comunidad de Bandera, Cenoví, en San Francisco de Macorís, tras la intoxicación de dos maestras provocada por fumigaciones agrícolas realizadas durante el horario de clases.
El gremio informó que las docentes se encontraban impartiendo docencia de manera habitual cuando se efectuaron fumigaciones ilegales en las inmediaciones del plantel, sin notificación previa ni medidas de prevención. Como consecuencia, ambas resultaron afectadas en su salud y requirieron atenciones médicas de emergencia. Una de ellas permanece ingresada en el Centro Médico Nacional San Francisco.
Según los diagnósticos médicos, las maestras presentaron bronquitis y neumonitis por inhalación de gases y sustancias químicas, acompañadas de crisis de broncoespasmo e intoxicación, por lo que han requerido atención especializada.
La ADP formalizó la querella en acción pública ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, sustentando su denuncia en evidencias audiovisuales que muestran fumigaciones realizadas en horarios no permitidos y en violación a las normas vigentes.
En la acción legal, el gremio señala que los hechos constituyen una violación grave al ordenamiento jurídico dominicano, al incumplirse la Resolución No. RES-MARD-2023-38 del Ministerio de Agricultura, que regula de manera estricta la aplicación terrestre de plaguicidas en zonas cercanas a centros escolares. La resolución establece obligaciones de notificación, restricción de horarios, uso de productos autorizados y medidas de protección a la salud humana.
La ADP advierte que estas acciones vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho a la salud, a la integridad personal y a un medio ambiente sano, así como el deber reforzado de proteger a la comunidad educativa, considerada un grupo especialmente vulnerable.