La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) rechazó este miércoles el anuncio de la directora de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, de someter a la justicia a su presidente, Julio César De la Rosa Tiburcio, por supuesta difamación.
La organización de la sociedad civil calificó la acción como un intento de frenar las denuncias que viene realizando y advirtió que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de medidas cautelares.
Ortiz Bosch acusó a De la Rosa de incurrir en prevaricación al cuestionar la decisión de archivar una denuncia presentada por Adocco contra el entonces ministro de Educación, Ángel Hernández, el 2 de octubre de 2023.
La denuncia señalaba que Hernández omitió en su declaración jurada de patrimonio una empresa de su comunidad conyugal, Constructora Playa Morón, que adquirió un inmueble en Las Terrenas, Samaná, por RD$31 millones, meses después de su designación como ministro.
Adocco sostiene que el archivo de la denuncia fue irregular y que el exministro incurrió en violaciones a la Ley 311-14, que regula las declaraciones juradas de patrimonio, y a la Ley 155-17, sobre lavado de activos.
“Con la amenaza se pretende detener las denuncias de corrupción que la organización viene realizando. No lo va a lograr, esperaremos el sometimiento con la misma responsabilidad con la que le acusamos de haber prevaricado”, expresó la entidad en un comunicado.
Según Adocco, la empresa Constructora Playa Morón fue registrada en enero de 2022 y formalmente constituida en marzo de ese mismo año, pocos meses antes de que Hernández asumiera el cargo. En septiembre de 2022, ya como ministro, la compañía adquirió el terreno en Las Terrenas.
La organización cuestiona que el valor estimado del inmueble sería de más de 4 millones de dólares, una cifra que, asegura, no corresponde con los ingresos reportados por el exministro y su esposa.
Por estas razones, pidió al PEPCA formalizar una investigación penal contra Hernández por omisión de bienes en su declaración y por presuntas inconsistencias financieras relacionadas con la compra.