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El gobierno del presidente Donald Trump demandó este lunes a la ciudad de Los Ángeles por sus políticas migratorias, acusando a las autoridades locales de obstaculizar la aplicación de las leyes federales de inmigración. La querella fue presentada por el Departamento de Justicia en un tribunal de California.
La demanda señala directamente a la alcaldesa Karen Bass, al presidente del Concejo Municipal, Marqueece Harris-Dawson, y al pleno del cuerpo legislativo, luego de que el Concejo aprobara el año pasado una ordenanza que declara oficialmente a Los Ángeles como ciudad santuario.
El decreto limita la cooperación de las autoridades locales con agencias federales en temas migratorios. Prohíbe además el uso de recursos municipales para ejecutar políticas federales de deportación y restringe el intercambio de información con funcionarios migratorios.
Según el Departamento de Justicia, estas disposiciones son ilegales y constituyen un impedimento directo para hacer cumplir las leyes migratorias del gobierno federal. La administración de Trump busca que la justicia declare inválida la ordenanza y prohíba su implementación.
Los Ángeles, donde más de un tercio de la población es inmigrante, se ha convertido en el epicentro de la resistencia contra las políticas migratorias del actual gobierno. El aumento de redadas en lugares de trabajo a principios de mes desató una serie de protestas en toda la ciudad.
La fiscal general Pamela Bondi afirmó que las políticas santuario han generado violencia y ataques contra las fuerzas del orden. Por su parte, la alcaldesa Karen Bass ha sostenido que el envío de tropas federales solo ha contribuido a sembrar pánico entre la población, y defendió la capacidad de la policía local para mantener el orden.
Hasta el momento, las oficinas de Bass y Harris-Dawson no han emitido declaraciones oficiales sobre la demanda. Sin embargo, líderes locales y organizaciones civiles han reiterado su rechazo a las medidas de la Casa Blanca, calificándolas como una amenaza a los derechos de los inmigrantes y a la autonomía de los gobiernos locales.