La Policía Federal de Brasil acusó este martes al expresidente Jair Bolsonaro y a otros miembros de su administración de utilizar la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para espiar ilegalmente a figuras públicas, según informaron medios locales.
Las fuerzas de seguridad concluyeron la investigación, conocida informalmente como ‘Abin paralela’, y enviaron el informe a la Corte Suprema, que ahora deberá decidir si remite el caso a la Fiscalía para evaluar posibles denuncias o si requiere nuevas diligencias.
De acuerdo con la información de los medios, la investigación reveló que tanto policías como funcionarios de la agencia nacional formaron una organización criminal para monitorear a periodistas, miembros del sistema judicial y políticos opositores, invadiendo sus teléfonos móviles y computadoras.
Además del expresidente, quien, según G1, "tenía conocimiento y se beneficiaba del esquema", entre los más de 30 acusados se encuentra el actual director de la Abin, Luiz Fernando Corrêa, y uno de los hijos del exmandatario, Carlos Bolsonaro, quien es concejal por Río de Janeiro.
Según el medio, Carlos administraba los datos obtenidos para lanzar ataques públicos contra los personajes espiados.
En marzo, se conoció una investigación del medio UOL que revelaba que la agencia de inteligencia había sido utilizada para invadir computadoras del Gobierno de Paraguay con el fin de obtener información confidencial relacionada con las tarifas de la hidroeléctrica binacional de Itaipú.
El Gobierno brasileño admitió la existencia de la operación, pero atribuyó su ejecución a la administración de Bolsonaro, afirmando que fue cancelada "tan pronto" como la nueva dirección de la Abin "se enteró del hecho" en marzo de 2023, a tres meses de la asunción de Lula.
El exmandatario también enfrenta un juicio en la Corte Suprema bajo la acusación de "haber liderado" una trama golpista para mantenerse en el poder tras perder ante Lula las elecciones de 2022.
La Fiscalía acusa a Bolsonaro y a su círculo cercano de conspirar para declarar medidas excepcionales, como un estado de sitio, con el fin de anular el resultado de los comicios e impedir la investidura de Lula, que finalmente tuvo lugar el 1 de enero de 2023.
Por esta razón, Bolsonaro y los demás acusados se enfrentan a posibles penas que pueden oscilar entre doce y cuarenta años de prisión.