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La Asociación de Navieros de la República Dominicana, junto a representantes del sistema judicial y del sector portuario, impulsó una serie de acciones orientadas a fortalecer la respuesta institucional frente al polizonaje, un fenómeno que impacta directamente la seguridad marítima, el comercio internacional y la reputación de los puertos dominicanos ante organismos extranjeros.
Durante el panel “Polizonaje y Seguridad Jurídica”, celebrado en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, se puso de manifiesto que este problema no solo representa un reto operativo para las terminales portuarias, sino también un desafío legal que requiere mayor coordinación interinstitucional. Los participantes coincidieron en que una respuesta fragmentada limita la efectividad de las acciones, por lo que se hace necesario integrar esfuerzos entre autoridades, justicia y sector privado.
El presidente de la ANRD, Jaak Rannik, destacó que el polizonaje debe ser tratado como un tema estratégico de país, ya que las autoridades internacionales no solo evalúan la capacidad de detección, sino también la eficacia de las investigaciones y las sanciones aplicadas. En ese sentido, subrayó que una débil respuesta institucional puede afectar la confianza en el sistema portuario nacional y, en consecuencia, el flujo del comercio.
Rannik explicó que es fundamental robustecer los mecanismos de control, mejorar los protocolos de actuación y garantizar que los casos sean debidamente procesados en el ámbito judicial. Asimismo, insistió en que la articulación entre instituciones permitirá no solo una respuesta más rápida, sino también más transparente y efectiva, generando mayor seguridad jurídica para las operaciones marítimas.
En el encuentro participaron especialistas del ámbito marítimo, legal y de seguridad, quienes coincidieron en que el polizonaje debe abordarse desde una perspectiva multidimensional. Entre ellos estuvieron Joan Manuel Fabián Mora, el Ángel Ramos Brusiloff y Armando Rivas, quienes analizaron los desafíos actuales y las posibles soluciones.
Los expertos señalaron que este fenómeno no solo implica riesgos de seguridad, sino también consecuencias económicas y legales, incluyendo retrasos en operaciones, sanciones internacionales y pérdida de competitividad. Por ello, resaltaron la importancia de construir una visión compartida que permita alinear estrategias y optimizar recursos en la prevención y persecución del delito.
La actividad se enmarca en el convenio de colaboración entre la ANRD y diversas entidades del Estado, con el objetivo de fortalecer la aplicación de la Ley 426-07, que sanciona el polizonaje en el país. Como parte de las acciones futuras, se prevé desarrollar jornadas de capacitación especializada junto a la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigidas a jueces, fiscales y actores clave del sistema.
Finalmente, la ANRD reafirmó su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que contribuyan al fortalecimiento institucional, destacando que la cooperación entre el sector público y privado es esencial para enfrentar este fenómeno de manera sostenida. La entidad reiteró que solo mediante una respuesta coordinada y eficiente será posible garantizar la seguridad del comercio marítimo y consolidar la posición de la República Dominicana en el escenario internacional.