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El abogado Namphi Rodríguez, quien coordina el proyecto sobre la modificación de la ley 61-32 de expresión y difusión del Pensamiento dijo este miércoles que luego de que el Tribunal Constitucional emitió varias sentencias se han creado las condiciones para llegar a un acuerdo para poder someter al Congreso de la República las reformas a la Ley 61-32.
Aseguró que se llevaron a cabo varias reuniones en el periódico Listín Diario con varios sectores.
En ese sentido explicó que se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la relatoría para la Libertad de Expresión, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una comisión académica de Brasil y Argentina, además de sectores de la Sociedad Civil y representantes de redes sociales.
“El gran desafío que tenía esta Ley era sacarla sin penas de prisión y finalmente lo que tenemos es una Ley propuesta por el Poder Ejecutivo consensuada en la Sociedad Civil que no contempla esa clase de sanciones”, dijo Namphi Rodríguez, quien explicó que el mismo consigna que la Libertad de Expresión es una sola”.
En ese sentido señaló que agravar las sanciones a la Libertad de Expresión no debe ser la lógica de ninguna legislación.
“Lo que hemos hecho es colocarnos en el centro de esas negociaciones, durante dos años, pero con otros otros actores; universidades, partidos políticos, representantes de redes sociales”, aseguró Namphi Rodríguez, aclarando que hicieron un trabajo honorífico.
Sobre el Artículo 71, que algunos lo catalogan como uno del más peligroso del proyecto, que hablas de las infracciones, dijo que lo redactó él (Namphi Rodríguez) en una entrevista en El Sol de la Mañana.
Dijo que el proyecto de Ley duró mucho para ser sometido al Congreso debido a que no se había logrado un consenso entre el Colegio Dominicano de Periodistas y la Sociedad Dominicana de Diarios.
Por su lado el magistrado Hermógenes Acosta expresó que según entiende el aporte esencial del proyecto de ley es que recoge las últimas posiciones, en la materia, de la Corte Interamericana y del Tribunal Constitucional, debido a que los países no pueden legislar al margen del derecho internacional, además apartad de las decisiones del Tribunal Constitucional.
Mientras que Erick Raful dijo que la Ley de Libertad de Expresión es una Ley Orgánica, que debe tener un nivel de aprobación congresual superior y debe ser la misma la que regule todo de lo que de ella se deribe.
“Es una Ley que recoge y hace suyos todos los lineamientos del Sistema Interamericano y del Tribunal Superior nuestro que son vinculantes”.