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La defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado en el caso Coral, cuestionó la acusación presentada por el Ministerio Público, calificándola de carente de lógica jurídica al intentar señalar como ilícitos bienes que fueron adquiridos mediante préstamos bancarios verificables.
El abogado Cristian Martínez, dijo que el Ministerio Público ha realizado un "escrutinio riguroso" a la movilidad bancaria de su defendido, identificando el 100 % de su patrimonio, pero que persiste en mantener una acusación sobre transacciones que el propio sistema financiero ha validado.
Martínez, en la contrarréplica en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, centró parte de su argumento en la defensa de la compra de la residencia de la familia Cáceres Quesada del sector "Colinas del Oeste" y otros solares adquiridos desde el año 2013.
Según la defensa, el órgano persecutor alega que el imputado y su esposa no tenían capacidad económica ni historial crediticio para adquirir dicho inmueble, sugiriendo que el préstamo fue facilitado por "gerentes de confianza" en una sucursal de la avenida Venezuela.
Sin embargo, el abogado presentó pruebas en el tribunal que contradicen la narrativa de los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Dijo que la compra se realizó por un valor de 8.9 millones de pesos, de los cuales 6.2 millones fueron obtenidos a través de un préstamo en el Banco de Reservas.
Sostuvo que los pagos de dicho financiamiento provienen de la cuenta única del Banco de Reservas de Cáceres, la cual se alimenta exclusivamente de sus ingresos por salarios como oficial general.
Señaló que los montos, fechas y formas de pago coinciden con las declaraciones de la vendedora del inmueble y con los registros bancarios que el mismo Ministerio Público tiene en su poder.
"Si el dinero para comprar la vivienda proviene de un financiamiento bancario ya transado y verificado, ¿qué hacemos aquí? No hay lógica en decir que la operación es irregular cuando los pagos salen de la cuenta donde el señor Cáceres recibe su sueldo", cuestionó Martínez.
La defensa desestimó la teoría de que el préstamo fue aprobado de manera irregular por supuestos vínculos con el coronel Rafael Núñez de Aza. Martínez insistió en que el hecho de que una operación esté reflejada y verificada en el sistema bancario nacional elimina cualquier posibilidad de ocultamiento o lavado de activos en ese renglón específico.