El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) convocó para este miércoles, a las 10:00 de la mañana, a una manifestación pacífica frente a la Suprema Corte de Justicia. La protesta busca visibilizar reclamos del gremio sobre el funcionamiento del sistema judicial y las condiciones del ejercicio profesional de la abogacía.
En una nota, el CARD explicó que la movilización persigue defender la dignidad del ejercicio profesional, denunciar deficiencias estructurales del sistema de justicia y exigir condiciones reales para una justicia oportuna, independiente y eficiente.
El presidente del gremio, Trajano Potentini, afirmó que la convocatoria responde a una “profunda” preocupación ante situaciones que afectan “gravemente” el Estado social y democrático de derecho.
Potentini enumeró entre los principales problemas la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y los obstáculos que enfrenta la ciudadanía para acceder a una tutela judicial efectiva. También mencionó el impacto del “precario ejercicio profesional del abogado” en el contexto actual.
Puntos señalados
Como parte de sus reivindicaciones, el CARD reclamará que no se traslade la Tercera Sala de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo al sector Los Mameyes, al considerar que esto dificultaría el acceso a la justicia para usuarios y abogados.
Además, exigirá un salario mínimo de 60,000 pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial.
El gremio también demandará la apertura de los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia, previstos en la Constitución desde hace más de 15 años sin que se hayan materializado. A juicio del CARD, esta omisión afecta el derecho de los ciudadanos a una justicia administrativa cercana y eficaz.
Alcance de la protesta
La organización subrayó que el plantón no responde a intereses partidarios ni particulares. Lo definió como un llamado “responsable y patriótico” a las autoridades del sistema de justicia para impulsar reformas estructurales urgentes, fortalecer las instituciones jurisdiccionales y garantizar el respeto al rol constitucional del abogado como colaborador esencial de la administración de justicia.