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Los abogados Emmanuel Rosario, Carlos Julio Martínez y Víctor Eddy Mateo analizaron este miércoles en El Sol de la Mañana las polémicas declaraciones de una diputada que afirmó que “uno se casa para tener relaciones sexuales” y cómo estas se relacionan con las disposiciones del nuevo Código Penal Dominicano, que tipifica el sexo no consentido, incluso dentro del matrimonio o uniones de hecho.
El doctor Emmanuel Rosario consideró el tema “sumamente delicado” y resaltó que, aunque exista un vínculo marital, cada ciudadano conserva su derecho a decidir sobre su cuerpo.
Señaló que las relaciones sexuales forzadas dentro del matrimonio constituyen un delito y que las penas para estos casos van de 10 a 20 años de prisión. Además, advirtió que la dificultad probatoria de estos delitos podría convertirse en un instrumento de chantaje o extorsión.
Rosario destacó que las sanciones deben ser proporcionales a la vulnerabilidad de demostrar el ilícito, tomando como referencia leyes internacionales, como la española, que adoptan el principio del “sí es sí”.
Carlos Julio Martínez coincidió en la necesidad de respetar el consentimiento, y agregó que la nueva tipificación podría entrar en conflicto con derechos fundamentales como la libertad de expresión y el honor, especialmente en casos de ultraje.
Además, subrayó que la penalización de conductas sociales debe aplicarse con claridad para evitar arbitrariedades, y que un aumento indiscriminado de penas no necesariamente reduce la criminalidad. Martínez también recordó que la falta de socialización del Código Penal genera riesgos de interpretación y aplicación caprichosa.
Víctor Eddy Mateo afirmó que las declaraciones de la legisladora, aunque polémicas, no están alejadas de la realidad y que la discusión refleja la necesidad de comprender la nueva normativa.
Destacó que la implementación del Código Penal requiere un proceso de socialización amplio, educación ciudadana y armonización con el Código Procesal Penal, especialmente en temas complejos como la violencia sexual, la corrupción y otros delitos tipificados recientemente.
Los tres abogados coincidieron en que el país enfrenta un reto importante: garantizar que los ciudadanos comprendan sus derechos y responsabilidades bajo el nuevo Código Penal. Resaltaron la necesidad de educación y socialización en escuelas y medios de comunicación para que la ciudadanía conozca los límites del consentimiento y las consecuencias legales del incumplimiento de la ley.
Casos internacionales como referencia
Rosario ejemplificó la complejidad de probar delitos sexuales con casos internacionales, como el de Kobe Bryant y situaciones legales en Estados Unidos y España, enfatizando la necesidad de equilibrar la sanción con la prueba disponible. Martínez añadió que la tipificación debe ser clara y precisa para evitar interpretaciones arbitrarias y garantizar la protección de todos los derechos involucrados.
El debate evidenció que, aunque la legislación busca adaptarse a los retos del siglo XXI, persisten desafíos en su aplicación y comunicación. Los abogados coincidieron en que la educación, la prevención y la adecuada socialización del Código Penal son fundamentales para proteger los derechos de las personas y garantizar la proporcionalidad de las penas.