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El abogado y exfiscal, Teobaldo Durán, afirmó en A Diario que no funciona el Departamento de Inspectoría del Ministerio Público por lo que muchos fiscales andan cometiendo "diabluras".
Analizó la Inspectoría en el Poder Judicial y el Ministerio Público y diferencia para llamar la atención del Congreso Nacional y de la Procuraduría General de la República.
"Debemos crear un equilibrio entre la inspectoría en ambas instituciones que tiene que ver con la justicia penal."
Teo Durán menciona que la inspectoría del Poder Judicial y la del Ministerio Público operan de manera muy diferente, lo que impacta en la eficacia de la justicia penal en el país.
La inspectoría del Poder Judicial es supervisada por un profesional seleccionado mediante un concurso público, mientras que la del Ministerio Público es designada internamente por el Consejo Superior, lo que puede llevar a conflictos de interés.
Esto ha generado un "espíritu de cuerpo" que dificulta la investigación de conductas irregulares entre funcionarios del Ministerio Público, tornando su inspectoría inoperante.
"La inspectoría del Ministerio Público no funciona, esto ha provocado que muchos fiscales hagan lo que quieran."
Durán critica que el Ministerio Público carece de un funcionamiento adecuado, citando que el caso más relevante en su página web data de 2019 y se refiere a una mala investigación de un fiscal.
Esta falta de actividad efectiva en la inspectoría permite que algunos fiscales actúen de manera poco ética y sin responsabilidad, poniendo en riesgo la justicia y la confianza pública.
"La inspectoría del Poder Judicial funciona, mientras que la del Ministerio Público es totalmente inoperante."
Según Durán, mientras que la Inspectoría del Poder Judicial se toma en serio las denuncias e irregularidades, el Ministerio Público no actúa de igual manera.
La inspectoría del Poder Judicial responde rápidamente a alertas sobre conductas sospechosas, mientras que el sistema del Ministerio Público presenta serias fallas en su estructura y operación.
"La Inspectoría del Poder Judicial es un órgano que funciona y realiza investigaciones de manera secreta."
La Inspectoría del Poder Judicial investiga denuncias en contra de jueces de forma secreta. Este proceso puede prolongarse por meses o incluso años antes de que se tomen decisiones sobre las investigaciones.
Cuando un juez es suspendido, significa que ya se han hecho investigaciones prolongadas sobre él debido a denuncias presentadas. Las decisiones sobre juicios disciplinarios son manejadas por un consejo que tiene la autoridad para tomar estas determinaciones, el cual está compuesto por miembros de la Suprema Corte de Justicia y otros jueces que representan a diferentes niveles.
A diferencia de otras decisiones judiciales, los juicios disciplinarios no tienen apelaciones, lo que significa que son decisiones finales y definitivas.
"No existe actualmente ningún órgano que vigile las actuaciones del Ministerio Público."
Hay una preocupación sobre la falta de un órgano que supervise las acciones del Ministerio Público, lo que ha provocado que no haya un mecanismo adecuado de revisión para las acciones de los fiscales. Esto lleva a situaciones problemáticas donde los ciudadanos se sienten vulnerables frente a la actuación de fiscales sin control.
Sería beneficioso que el liderazgo en el Ministerio Público, incluidas las pasadas y actuales procuradoras, promoviera iniciativas para restablecer un órgano de supervisión. La falta de vigilancia ha creado un entorno en el que diferentes casos penales pueden ser manejados sin la debida transparencia.
"Ojalá esto tenga receptividad y que las cosas puedan mejorar."
Se plantea la importancia de que la Inspectoría del Ministerio Público funcione de manera equivalente a la Inspectoría del Poder Judicial. Esto implicaría una reforma que permita un mayor control y regulación sobre las acciones del Ministerio Público, similar al que ya existe para el Poder Judicial.
Estas reformas son cruciales no solo para mejorar la calidad de la justicia, sino también para asegurar que los fiscales actúen con integridad y profesionalismo en sus funciones, lo cual es esencial para el adecuado funcionamiento del sistema judicial.