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El abogado Newton López reveló este lunes en El Sol de la Mañana que desde el día en que se ahogó la estudiante del Instituto Leonardo Da Vinci, Stephora Anne-Mircie Joseph, el Ministerio Público y el DICAT cuentan con los videos de la hacienda Los Caballos, al tiempo que descartó la actuación de manos criminales.
López, quien ha dado seguimiento al caso desde Santiago, explicó que la Fiscalía posee las grabaciones desde el 14 de noviembre, tres días después del incidente, y que debieron entregarse oportunamente a los familiares para garantizar transparencia y acceso a la información.
“El Ministerio Público tiene el video desde el día 14, conjuntamente con el DICAT, que es el órgano auxiliar para delitos tecnológicos. Debieron mostrárselo a la familia desde el principio; por ahí comenzó todo el manejo incorrecto”, afirmó.
Sobre la calificación jurídica del hecho, el abogado señaló que el Ministerio Público imputó homicidio involuntario sustentado en supuesta negligencia durante la excursión donde resultó muerta la niña de 11 años. Sin embargo, advirtió que la legislación vigente presenta vacíos sobre delitos por omisión en contextos de deber de cuidado.
“El mayor problema no es la prueba, es la norma. El Código Penal actual no regula este tipo de situaciones como sí lo hace el nuevo código aprobado, que claramente tipifica las omisiones en contextos de garantía”, indicó.
Respecto a las versiones que circulan sobre un posible ahogamiento intencional por parte de otros estudiantes, el abogado fue categórico: “No necesito ver el video para descartar esa teoría. La Fiscalía solicitó coerción por homicidio involuntario, no voluntario. Con los diez minutos previos del video, más la autopsia y el estudio toxicológico, eso se descarta de plano”. También consideró redundante la colocación de localizadores electrónicos, señalando que la pena asociada al delito imputado oscila entre tres meses y dos años.
El abogado criticó además que la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre las cuatro personas detenidas —tres acompañantes de la excursión y la directora del centro— cuando, a su juicio, también debió evaluarse el rol del establecimiento donde ocurrió el hecho.
“Si hablamos de salvavidas y medidas de seguridad, eso también corresponde al lugar que ofrece el servicio. La imputación al colegio parece incongruente cuando el Ministerio Público reconoce que las empleadas no fueron designadas como cuidadoras”, subrayó.
Durante el programa, la periodista María Elena Núñez cuestionó el manejo del caso desde sus inicios, destacando inconsistencias informativas, la proliferación de rumores y la ausencia de acceso oportuno a evidencias para la familia. Reiteró que la prioridad debe ser la verdad, más allá de presiones mediáticas o interpretaciones apresuradas. Núñez también resaltó el impacto que la tragedia ha tenido sobre la comunidad educativa del Instituto Leonardo Da Vinci, institución con más de 40 años de trayectoria, cuyos padres han defendido el historial y la calidad del centro.
Asimismo, advirtió sobre el riesgo de criminalizar automáticamente a docentes y acompañantes sin diferenciar responsabilidades individuales ni el rol institucional. “Aquí hay preguntas importantes: ¿qué responsabilidad tienen estas personas enviadas por el colegio y cuál tiene la institución? ¿Hasta dónde llega su deber de cuidado y dónde inicia el del lugar contratado para el paseo?”, planteó.
Núñez insistió en que el proceso exige justicia, solidaridad con la familia y un apego absoluto a los hechos comprobados. “No podemos repetir versiones sin evidencia ni contribuir al caos informativo. La verdad debe prevalecer”, concluyó.