Abogado recuerda la presunción de inocencia y cuestiona uso político del proceso del caso SeNaSa

El abogado Víctor Edy Mateo afirmó este jueves en El Sol de la Mañana que el caso SeNaSa no solo debe mirarse desde el ángulo penal y mediático, sino también desde el respeto a las garantías procesales de los implicados.

A su juicio, en este expediente “la acción ha movido el interés”, invirtiendo la lógica clásica del derecho según la cual “el interés mueve la acción”. Planteó que, aunque el Ministerio Público está en su rol, es evidente que la decisión de actuar se produce en un contexto político y de fuerte presión pública.

Mateo recordó que, durante meses, el propio presidente de la República defendió públicamente la gestión de SeNaSa cuando se le cuestionaba en “La Semanal”, y que solo después de la acción del Ministerio Público se activaron otras instituciones, como la Cámara de Cuentas, que ahora promete una auditoría en un plazo de tres meses. A su entender, esa reacción tardía confirma que “sin el paso del presidente, otras instancias no se movían”.

Presunción de inocencia y responsabilidad mediática

El jurista fue enfático en subrayar que, aunque el expediente describe hechos graves y la sociedad exige justicia, los imputados conservan derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme. Criticó que algunos medios estén “actuando de manera irresponsable” al presentar a los señalados como culpables antes de que el Poder Judicial se pronuncie.

Recordó que no basta una medida de coerción ni una imputación para condenar socialmente a una persona, y advirtió que los mismos sectores que hoy linchan pueden mañana exigir garantías si les toca estar del otro lado. “Para juzgar están los tribunales”, insistió, al tiempo que definió como clave que la presión mediática no sustituya la prueba ni el debido proceso.

Código Procesal Penal y tiempos del caso Cibao SeNaSa

Mateo también vinculó el calendario del caso con la aprobación y promulgación del nuevo Código Procesal Penal. Explicó que, al citar a los imputados un fin de semana y promulgarse el Código también en ese lapso, se generó la percepción de un “guion” político y comunicacional: mientras la opinión pública se concentraba en SeNaSa, el Ejecutivo respondía mostrando firmeza frente a la corrupción.

Detalló que, si el caso se hubiera sometido bajo la nueva normativa, los plazos de investigación en procesos complejos podían llegar hasta cinco años. Sin embargo, al entrar por el régimen anterior, el Ministerio Público dispone de hasta cuatro años, en virtud del principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa.

Reforma policial: una buena ley que no se aplica

Otro de los temas abordados por el abogado fue el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Recordó que la norma vigente ya está alineada con la Constitución y con el principio de dignidad humana, pero que el gran problema ha sido su falta de aplicación. Aun así, consideró positivo revisar el marco legal cada cierto tiempo para ajustarlo al contexto social y de seguridad.

Mateo advirtió, sin embargo, que disposiciones demasiado abiertas —como la obligación general de “actuar” ante cualquier situación de orden público— pueden convertirse en una carta blanca si no se definen con claridad los límites y responsabilidades del personal policial. Reclamó mayor precisión en el texto para evitar abusos y garantizar el principio de legalidad.

Difamación, redes sociales y límites a la libertad de expresión

El abogado también se refirió a los conflictos por difamación e injuria ligados a redes sociales, a propósito de las acciones legales anunciadas por figuras públicas como Celinés Méndez y Guido Gómez Mazara. Recordó que la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología establece sanciones económicas importantes por difamación e injuria en entornos digitales, a pesar de que la Ley 61-32 ya no contempla prisión por estos delitos.

Mateo subrayó que, aunque figuras públicas tienen mayor margen de escrutinio, mantienen un derecho a la imagen, a la intimidad y a la reputación. Señaló que el Tribunal Constitucional ha ido trazando límites claros a la libertad de expresión, y abogó porque estos casos no se queden solo en querellas que terminan en retractaciones tibias, sino en decisiones ejemplarizantes cuando no se pueden probar las acusaciones.

Caso Stephora y responsabilidad por la muerte de la niña

En torno a la muerte de la niña  Stephora Anne-Mircie Joseph, durante una excursión escolar, Mateo sostuvo que existe una responsabilidad compartida, pero diferenciada. Explicó que, desde el punto de vista civil, el centro educativo asume la tutela temporal del menor, y está obligado a garantizar condiciones mínimas de seguridad, sobre todo cuando se trata de actividades fuera del plantel y en espacios de riesgo, como piscinas.

Cuestionó la ausencia de salvavidas, de protocolos y de personal suficiente para supervisar a decenas de estudiantes en un área amplia, y recordó que el Estado también tiene responsabilidad al permitir la operación de fincas y espacios recreativos sin controles claros de seguridad. A nivel penal, insistió en que la responsabilidad debe valorarse en función del rol y el grado de omisión de cada actor.

Señalamientos a IDECOP, UTEPDA y compras públicas

Finalmente, el abogado hizo un llamado al presidente de la República para revisar la actuación de funcionarios en entidades como IDECOP y la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA). Denunció presuntos incumplimientos de acuerdos, falta de reconocimiento de contratos de gestiones anteriores y posibles sobreprecios en licitaciones, donde unidades de determinados rubros habrían sido duplicadas o triplicadas en costo.

Pidió la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones para auditar estos procesos y determinar si detrás de esas prácticas hay falta de compromiso con la gestión gubernamental o violaciones al régimen de contrataciones públicas.

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