El abogado Manuel Sierra dijo este jueves que el comunicado que emitió la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional debió llamar la atención de todos los medios de República Dominicana y catalogó la acción como grave y peligrosa.
“Es un asunto que debe y debería, y debió llamar la atención de todos los medios de comunicación, desde los medios de prensa, desde los medios que generan la libertad de información y sobre todo…desde los medios que enarbolan la libertad de expresión”, dijo Sierra, en El Sol de la Mañana, añadiendo que son tres figuras distintas dentro de código de la comunicación.
Resaltó que lo que ha hecho la Fiscal del Distrito Nacional “a mí me parece que es un acto sumamente grave y muy peligroso”.
Aseguró que la acción es un chantaje de la propia fiscal para que los ciudadanos no denuncien. "Lo que está llamando es a que todos los que hacen críticas, se guarden la lengua". Subrayó que si los medios de comunicación no le ponen atención al mandato de Ramos, en un futuro los juzgarán con estos precedentes.
En ese sentido, culpó a los funcionarios públicos de la supuesta extorsión que denuncian, debido a que ellos (los funcionarios) se han prestado a pagar el silencio, por lo que entiende, “alguien ha venido descubriendo que ese también es un nicho económico”.
Alertó que lo que los medios, quienes son los dueños de la libertad de expresión, ya que así lo consagra la Constitución, “no pueden permitir que desde la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en nombre del Ministerio Público del país, se trate de poner algún tipo de coartada anticipada, de que la gente pueda expresarse libremente, sobre todo cuando se trata de críticas en contra de funcionarios públicos”.
En ese sentido, el jurista explicó que si una denuncia formulada contra un funcionario público resulta inexacta, no significa que sea mentira en toda su magnitud.
Se recuerda que la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, expresó el martes su seria preocupación ante lo que describió como una creciente ola de difamación pública y presuntos chantajes mediáticos que, a su juicio, amenazan con socavar la ética del ejercicio comunicacional en República Dominicana.
En ese sentido, indicó que el Ministerio Público abrió una investigación a raíz de las denuncias de difamación y supuesto chantaje, poniendo como ejemplo los casos que se siguen contra Ángel Martínez e Ingrid Jorge, ambos acusados de difamar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful y a otras personalidades.