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El abogado Eduardo Núñez explicó este martes que la advertencia enviada por la Junta Central Electoral (JCE) a la Fuerza del Pueblo marca el inicio de un proceso de verificación sobre la naturaleza de la marcha realizada por ese partido el pasado domingo. Según detalló, el órgano electoral busca determinar si en la actividad se hizo uso de simbología partidaria de forma que pudiera interpretarse como propaganda anticipada, lo que activó un procedimiento administrativo que, por ahora, no constituye una sanción, sino una fase preliminar de investigación.
“La Junta Central Electoral actuó dentro de sus competencias al emitir esa advertencia. El órgano tiene la facultad de iniciar procedimientos administrativos para verificar si hubo un uso indebido de la simbología partidaria que pudiera confundirse con propaganda electoral anticipada”, afirmó Eduardo Núñez.
Según el abogado, el acto de alguacil remitido al partido no constituye una sanción, sino el inicio formal de una investigación, donde la JCE recabará pruebas para determinar si la actividad fue cívica o si derivó en acciones de promoción política prohibidas fuera del período electoral.
“Lo que está haciendo la Junta es abrir el trámite para investigar. Si determina que hubo proselitismo organizado, podría imponer una multa. Si no, simplemente descargará”, explicó. Añadió que cualquier sanción podría ser apelada ante el Tribunal Superior Administrativo o incluso el Tribunal Superior Electoral, dependiendo de la interpretación de las leyes vigentes.
Además de este análisis, Núñez abordó otros puntos claves de la agenda institucional del país, entre ellos la selección de nuevos jueces para la Suprema Corte de Justicia, la situación del Tribunal Superior Electoral y las implicaciones jurídicas del reciente acuerdo de cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos para uso técnico y operativo de aeropuertos.
Núñez indicó que la sesión del CNM de esta noche es crucial, pues se escogerán los cinco nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia que reemplazarán a los magistrados salientes Alexis Ruiz, Pilar Jiménez, Moisés Landrón y a otro juez que solicitó jubilación. Además, se cubrirá la vacante dejada por Napoleón Estévez al pasar al Tribunal Constitucional.
El jurista recordó que históricamente la selección de jueces en República Dominicana —como en muchos países— está influenciada por decisiones políticas. Aunque dijo que preferiría un sistema de cooptación judicial donde los jueces elijan a sus propios pares, reconoció que ese modelo no es viable en el corto plazo para el país.
“Aceptar la realidad es entender que en democracia las altas cortes siempre tendrán un componente político en su selección. Lo importante es que se elija a personas con nivel, trayectoria y equilibrio institucional”, sostuvo.
Sobre el Tribunal Superior Electoral, Núñez indicó que el proceso de escogencia de sus jueces no ha generado mayores tensiones porque, según trascendidos, existe un acuerdo político para mantener la composición y el criterio predominante del órgano.
Afirmó que el TSE ha logrado estabilidad y que el clima actual sugiere continuidad sin mayores controversias.
Consultado sobre el acuerdo de cooperación técnica y logística firmado con Estados Unidos, que permite el uso de aeropuertos dominicanos como parte de operaciones aéreas conjuntas, Núñez afirmó que no observa afectación a la soberanía nacional.
Dijo que se trata de un acuerdo de cooperación como otros tantos vigentes y que la discusión sobre si debió pasar por el Congreso es, más que nada, un debate jurídico que no invalida su legitimidad.
Sobre críticas relativas a que el acuerdo original de 1995 no habría sido aprobado por el Congreso, señaló que, tras 30 años y una enmienda en 2003, es probable que el objeto del acuerdo haya evolucionado, por lo que una actualización técnica sería razonable, aunque no ve elementos que lo tornen inválido.
Núñez concluyó que tanto la advertencia de la JCE como la selección de jueces y los acuerdos internacionales deben analizarse con criterios jurídicos y no bajo enfoques pasionales. Reiteró que los organismos del sistema están actuando dentro de los marcos legales establecidos y que los partidos conservan todas las vías de defensa si consideran vulnerados sus derechos.