Abogado denuncia violación al debido proceso en caso Barra Payán y afirma querella cumple casi cuatro años

Arias criticó el uso del sistema judicial como presión para obtener control de la empresa, argumentando que el caso, de naturaleza societaria, no debió tratarse a nivel penal y resaltó la importancia del debido proceso.

El abogado Luis Arias, representante legal de los hermanos Juan Ismael Frías y Marcos Frías, afirmó este lunes en el programa El Sol de la Mañana que en el proceso judicial vinculado a Barra Payán se están vulnerando garantías básicas del debido proceso, al tiempo que confirmó que ambos se encuentran detenidos desde la semana pasada.

Arias explicó que el caso se origina en un conflicto comercial entre socios y familiares, relacionado con la administración de la empresa Comercial Payán, fundada en 1956. Indicó que la querella fue presentada por miembros de la rama Frías Paulino y Frías Beltrán en marzo de 2022, por lo que está próxima a cumplir cuatro años sin que haya una acusación formal concluida, periodo en el cual se han celebrado múltiples vistas de conciliación ante la Fiscalía.

Según el jurista, durante todo ese tiempo los hermanos Frías García —socios mayoritarios y administradores— nunca se ausentaron de ninguna citación, pese a que ambos presentan condiciones de salud delicadas y edades de 70 y 65 años. Sin embargo, denunció que en la más reciente vista de conciliación, celebrada la semana pasada, el Ministerio Público sorprendió a la defensa al ejecutar una orden de arresto, pese a tratarse de un tipo penal de naturaleza privada: administración desleal, propio de conflictos societarios.

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Arrestado por el caso de Barra Payán. Foto/fuente externa

Solicitaron medidas de coerción

El abogado sostuvo que, tras el arresto, el propio Ministerio Público solicitó medidas de coerción consistentes en garantía económica y presentación periódica, sin pedir prisión preventiva. No obstante, explicó que la audiencia fue dilatada tras una recusación contra la jueza, interpuesta por la parte querellante, lo que provocó la paralización del proceso y mantiene a los imputados detenidos mientras la Corte de Apelación conoce el incidente.

Arias calificó la actuación como una estrategia para utilizar el sistema judicial como mecanismo de presión y extorsión, con el objetivo de obtener el control de la empresa. Detalló que los Frías Paulino y Frías Beltrán poseen alrededor del 25 % de las cuotas sociales, mientras que los Frías García controlan más del 65 %, lo que —según afirmó— justifica legal y estatutariamente que la administración permanezca en manos de la mayoría.

El caso no debió trascender a lo penal

Finalmente, el jurista reiteró que el caso nunca debió trascender al ámbito penal y exhortó a que se respete el debido proceso, recordando que los conflictos entre socios deben resolverse conforme al derecho comercial y no mediante detenciones que, a su juicio, lesionan la dignidad y las garantías fundamentales de los imputados.