
La familia de una niña que falleció en un hecho ocurrido en la Hacienda de los Caballos, en Santiago, denunció falta de transparencia y retrasos por parte del Ministerio Público y del centro educativo Da Vinci en el proceso de esclarecimiento del caso.
La información fue ofrecida por Miguel Valdemar Díaz, abogado de la familia, durante su intervención en el programa El Rumbo de la Mañana.
Díaz aseguró que la madre entregó a su hija en perfecto estado de salud a las 7:00 de la mañana en el colegio y que horas más tarde fue informada de que la menor no se encontraba bien.
“Imagínese la triste situación de que una madre entregue a su hija a las 7:00 de la mañana en un colegio y que luego sin ningún tipo de explicación lo que reciba en la tarde sea un cadáver”, expresó.
El abogado explicó durante su participación en el programa de Rumba FM, que la Fiscalía de Santiago se ha negado a permitir que la madre vea los videos de las cámaras de vigilancia del lugar donde ocurrió el hecho, pese a que la propia fiscal indicó que pudo observar las grabaciones.
“La exigencia de la madre es que quiere ver esos videos para saber qué pasó con su hija”, señaló.
Según el abogado de la familia, la negativa se fundamenta en que el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DCAT) debe primero certificar la procedencia del material audiovisual para fines judiciales.
Sin embargo, precisó que la familia no busca aún incorporarlo como prueba, sino simplemente conocer qué ocurrió. “Lo que necesitamos es una madre que quiere ver por sus propios ojos qué pasó con su hija ese día”, afirmó.
También denunció que el Ministerio Público ha rechazado entregar el informe preliminar de la autopsia practicada por el INACIF, alegando que solo se dará a conocer el resultado definitivo.
“Sabemos que una autopsia definitiva puede tardar hasta 90 días, pero la preliminar es la que describe las condiciones en que llegó el cuerpo y eso tampoco ha querido ser entregado”, puntualizó.
El abogado indicó que lo único que posee la familia es un preliminar de acta de defunción que señala “asfixia mecánica por ahogamiento”, sin mayores detalles. Explicó que este documento no sustituye el informe preliminar de autopsia, donde se establecería si existían golpes u otros signos relevantes.
Miguel Valdemar Díaz relató que la madre recibió una llamada alrededor de las 11:00 de la mañana informando que la niña estaba vomitando y que preguntaban a qué clínica podían trasladarla.
Al llegar al lugar, se encontró con un amplio despliegue policial y, después de varias horas, se enteró por terceros de que su hija había fallecido, sin que las autoridades le explicaran las circunstancias.
Indicó que la falta de información ha generado múltiples dudas en la familia y en la opinión pública, alimentando especulaciones que podrían evitarse con una comunicación clara y oportuna. “Lo que debería hacer la fiscalía es ahora mismo ser transparente y decirle: miren esto, y esto podría cerrar cualquier brecha”, sostuvo.
“Yo no soy partícipe de la teoría de la conspiración, pero lamentablemente con cada día que pasa, este caso cada vez lo siento más extraño”, manifestó el abogado, al señalar que nunca había visto un manejo similar por parte de la Fiscalía de Santiago en un caso de esta naturaleza.
Finalmente, Miguel Valdemar Díaz reiteró que, más allá de las acciones legales que eventualmente se pudieran iniciar, el interés principal de la familia es conocer la verdad sobre lo ocurrido. “La madre ni siquiera ha pensado en qué procedimiento legal tomar, sino que quiere saber hasta el momento qué ha pasado”, concluyó.