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El abogado Oliver Batía denunció este jueves que la Contraloría General de la República no ha cumplido con el pago de incentivos establecidos por ley para servidores públicos de carrera, acumulando una deuda que, según sus cálculos, podría superar los 900 millones de pesos.
En declaraciones al programa “El Matutino de la 91”, Batía afirmó que “lo que se exige es que la Contraloría cumpla con lo que establecen las normas que rigen la materia”. Sostuvo que el contralor “está confundiendo el incentivo de rendimiento individual con el bono de carrera”, pese a que son beneficios diferentes contemplados en la ley.
El abogado explicó que “el incentivo de rendimiento individual se le da a todo el universo de servidores públicos que alcanzan el 85% en su evaluación de desempeño”, mientras que el bono de carrera es exclusivo para quienes tienen esa condición. Agregó que existe un tercer incentivo, “el colectivo por indicadores”, que se entrega cuando la institución alcanza un 85% de cumplimiento.
La demanda busca el pago retroactivo de los bonos correspondientes al periodo 2020-2025, el abono de un interés legal de 1.5% mensual por los montos no recibidos y una indemnización de un millón de pesos a cada servidor afectado. Esto abarcaría a más de 580 empleados de carrera.