El abogado Wilson Berigüete, representante del exsenador Rafael Calderón en el caso Calamar, aseguró este jueves que la acusación que pesa sobre su cliente es “irrisoria” y carece de pruebas materiales, razón por la cual —según explicó— Calderón fue incorporado al proceso tres años después de iniciada la investigación.
Durante una intervención telefónica en El Sol de la Mañana, Berigüete afirmó que todo el señalamiento contra el exlegislador surge exclusivamente de la declaración de un hombre identificado como Baldemar Andrew Ovalle Sánchez, quien tenía en sus cuentas más de 100 millones de pesos que no pudo justificar durante una investigación del Ministerio Público.
Según el abogado, tras varias entrevistas con los fiscales, Ovalle acordó colaborar con las autoridades y afirmó que el dinero pertenecía a Calderón. “No existe una transferencia, no existe una entrega de dinero, no existe nada más que la palabra de una persona que era imputada y que mágicamente el Ministerio Público lo hizo mutar de investigado a testigo”, dijo Beriguete.
Beriguete explicó que el exsenador enfrenta un delicado cuadro de salud. La semana pasada fue intervenido de urgencia debido a una obstrucción uretral, lo que llevó a suspender la audiencia del proceso.
Tras la cirugía, Calderón presentó complicaciones infecciosas y recibió una licencia médica de 30 días. El Ministerio Público solicitó que un médico del INACIF evalúe su condición en su residencia para determinar si puede continuar participando en el proceso.
El abogado advirtió que, de romperse el principio de inmediatez por la ausencia prolongada, el Ministerio Público tendría que reiniciar desde cero la presentación de la acusación para todos los imputados, en un proceso que ya se encuentra en su fase final de defensas.
Beriguete denunció que, pese a la falta de pruebas documentales, el exsenador vive bajo medidas restrictivas que afectan su estabilidad económica y emocional. Aseguró que su vivienda, adquirida en la década de 1980, está embargada, al igual que sus cuentas.
“Un hombre de 82 años, con una vida modesta y un historial público conocido, ha sido sometido a una tortura procesal”, expresó. Señaló que Calderón ha debido asistir a audiencias incluso recién operado y que el proceso en sí “se ha convertido en la pena”.
El abogado cuestionó que el órgano acusador haya convertido a Ovalle —originalmente investigado por movimientos financieros injustificados— en testigo clave, mientras no se han explicado los orígenes del dinero encontrado en sus cuentas.
“El Ministerio Público está enlodando nombres de manera caprichosa”, aseguró, y afirmó que Calderón incluso fue vinculado sin sustento a una supuesta financiación ilegal de campaña.
Beriguete reiteró que confía en que, con el avance del proceso, “todo saldrá a la luz” y la falta de pruebas quedará evidenciada.