Abogado critica a la Procuraduría por desacatar sentencia que prohíbe motes en expedientes

El abogado Víctor Eddy Mateo cuestionó este jueves en El Sol de la Mañana la actuación de la Procuraduría General de la República por, según afirmó, desacatar la sentencia TC/0225/25 del Tribunal Constitucional, que prohíbe el uso de motes o sobrenombres en los expedientes judiciales.

Mateo calificó como “una barbaridad” que, pese al precedente vinculante fijado por el alto tribunal desde el 30 de abril del año pasado, el Ministerio Público continúe utilizando denominaciones que, a su juicio, lesionan la dignidad de las personas procesadas.

“Ese precedente lo que dice el tribunal claramente es que aún si existiera una sentencia condenatoria, utilizar motes o sobrenombres va en contra de la dignidad de la persona”, sostuvo.

El jurista explicó que la decisión del Tribunal Constitucional tiene carácter intercommunis, es decir, que se extiende a todos los procesos que se encuentren en situaciones similares y que su aplicación es inmediata.

Sin embargo, denunció que en el expediente de uno de los procesos de alto perfil se continúa utilizando un sello pretintado con el mote del caso, página por página, en un documento de más de 12,275 hojas.

“¿Cuál es el mensaje que se le envía aquí a la sociedad? Que tenemos un Tribunal Constitucional de adorno. Que ustedes están por encima del bien y del mal”, expresó.

Mateo advirtió que el uso de estos sobrenombres no solo vulnera la dignidad, sino que precondiciona a la opinión pública y a los actores del sistema judicial, presentando implícitamente a los imputados como culpables.

Posibles demandas contra el Ministerio Público

El abogado sostuvo que una persona vinculada a un proceso podría demandar al Ministerio Público por responsabilidad patrimonial si entiende que el uso de motes le ha causado daños.

“Claro que puede demandar. Si le está afectando de manera particular, puede accionar en responsabilidad patrimonial”, afirmó, al explicar que el afectado tendría base para solicitar la nulidad del proceso si demuestra que desde el inicio se vulneraron sus garantías fundamentales.”

Mateo indicó que ya se han presentado incidentes ante los tribunales en esa dirección, argumentando que el desacato a la sentencia constitucional compromete el debido proceso.

“Yo no tengo por qué tolerar que me sigan llamando de tal forma. Llámeme por mi nombre. Usted no es quién para llamarme como un molusco o como le dé la gana”, enfatizó.

Morosidad judicial y seguridad jurídica

Durante su intervención, el jurista también criticó la mora judicial y las condiciones de infraestructura en algunos tribunales del país, señalando que “justicia tardía es justicia denegada”.

Advirtió que procesos que se extienden por más de cinco años afectan la seguridad jurídica y pueden dar lugar a solicitudes de extinción de la acción penal, siempre que se demuestre que los retrasos no son atribuibles a la defensa.

“El juez está en la obligación de garantizar el debido proceso. No puede ignorar una violación evidente de derechos fundamentales”, concluyó.

Las declaraciones se produjeron en medio del debate sobre la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional y el manejo de expedientes de alto perfil por parte del Ministerio Público.

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