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El abogado Enrique Eugenio Santelises Vila consideró en Juego de Damas que son pasibles de ser sometidos a la justicia los miembros del Tribunal Constitucional por la sentencia 1225/25 que despenaliza la homosexualidad en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
"A mi criterio personal jurídico, yo entiendo que los miembros del Tribunal Constitucional que emitieron esta sentencia, porque hay un voto disidente, de una magistrada, está en la página 139 de la sentencia; pero los demás miembros de esta alta corte son pasibles de ser sometidos a juicio político", expuso.
Precisó que el TC está para interpretar las leyes y la Constitución, para modificarla, y que la Carta Magna prohíbe el matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer.
A su juicio, para que la sentencia del TC sea válida y bien interpretada, el Estado debe modificar la Constitución.
Dijo que la sentencia TC 1225-25 del 18 de noviembre declara inconstitucionales ciertos artículos del Código de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que anteriormente penalizaban las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo con penas de hasta dos años de prisión.
Indicó que algunos senadores expresaron su desacuerdo con esta decisión, argumentando que los homosexuales deberían ser excluidos de la policía y las fuerzas armadas, citando ejemplos de políticas en otros países, como la de Donald Trump en Estados Unidos.
Añadió que otros legisladores, aunque respetaron la sentencia de la alta corte, indicaron que estudiarán su impacto y contenido para tomar una posición más informada.
Esta sentencia plantea preocupaciones sobre los derechos humanos y la interpretación de la Constitución", expresó.
Santa Vila señala, analizó que la sentencia no es un avance en términos de justicia, sino que plantea serias preocupaciones sobre su interpretación por parte del Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia judicial del país.
Aunque la sentencia afecta las penalizaciones sobre relaciones homosexuales, subrayó la importancia de modificar la Constitución para legitimar tales relaciones, dado que esta actualmente prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La discusión también resalta un conflicto de valores y principios, evidenciado por la reacción de varios sectores de la sociedad, quienes ven esta decisión como un choque con los valores tradicionales dominicanos.
"Esto podría abrir la puerta a una modificación futura de la Constitución sobre la aceptación de relaciones homosexuales", manifestó.
Dijo que la decisión de despenalizar las relaciones homosexuales en instituciones uniformadas no implica necesariamente la aceptación oficial o el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Observó que la sentencia podría llevar a una normalización de relaciones afectivas en entornos laborales, tema que ha generado un debate sobre la moralidad y la legalidad de tales relaciones.
El profesional del derecho sostuvo que es relevante que esta cuestión no solo afecta el ámbito legal, sino que también toca aspectos de la vida cotidiana y la cultura social en la República Dominicana.
"No entiendo por qué la vida sexual de una persona debería influir en su vida laboral", indicó.
El debate gira en torno a la idea de que las relaciones íntimas de los miembros de la policía y las fuerzas armadas no deberían impactar su desempeño laboral. Muchos legisladores mantienen que los agentes deben mantener su vida personal en privado, sugiriendo que cualquier exposición pública de su sexualidad podría afectar su trabajo.
Planteó que la pregunta de por qué un hombre que tiene una relación romántica con otro hombre no podría igualar a un oficial heterosexual, indicando que la capacidad para realizar su trabajo no debería verse afectada por su orientación sexual.
"Nuestro país es netamente religioso y hasta el sol de hoy nuestra carta magna establece bien claro: hombre con mujer, mujer con hombre", acotó.
Destacó que el contexto religioso juega un papel importante en la percepción de la homosexualidad en la República Dominicana. La opinión pública se ve influenciada por creencias tradicionales que clavan un sentido de confusión en las mentes de los niños ante la exposición a comportamientos homosexuales.
Mención que muchos legisladores ejercen presión sobre estos temas, no solo desde un punto de vista legal, sino también desde la moralidad, y que esto genera discusiones sobre cómo la ley interactúa con las costumbres y creencias de la sociedad.
"Esta sentencia en principio está atacando una ley orgánica", advirtió.
Consideró que la reciente decisión de despenalizar las relaciones entre miembros de la policía y las fuerzas armadas podría abrir oportunidades para relaciones públicas que anteriormente eran restringidas.
Sin embargo, adujo que esto no implica que se avale el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Resaltó que tratar un tema tan delicado como la inconstitucionalidad de una nueva ley puede generar debates intensos, especialmente en un ambiente con damas presentes. Agregó que esto alimenta un diálogo más abierto pero también puede dar pie a risas y distracciones.
"El argumento sobre lo que contempla la Constitución en relación al matrimonio necesita otro tecnicismo", expresó.
Adujo que la necesidad de redefinir argumentos en torno a cómo la Constitución presenta la figura del matrimonio, sugiriendo que quienes debaten sobre esta ley deben tomar en cuenta aspectos técnicos más precisos, indicando que esto es fundamental para evitar malentendidos sobre la legalidad de las relaciones homosexuales y sus implicaciones en el ámbito policial y militar.