El abogado Carlos Salcedo calificó como “desfasado, atrasado, viejo, involutivo, contradictorio y violatorio” al nuevo y moderno Código Penal aprobado recientemente, el cual no incluye la despenalización del aborto, pese a que —según sostuvo— se trata de un derecho humano universal. Por ello, advirtió que será llevado ante el Tribunal Constitucional.
Salcedo señaló que esta legislación fue diseñada para las “excepciones”, y no para la regla general, y aseguró que el tema de las tres causales llegará al Tribunal Constitucional “de seguro”.
Indicó que, más allá de corregir errores puntuales en la normativa, lo que corresponde es evaluar si como sociedad se tiene la capacidad de producir mediante el consenso lo que no se logró. Reconoció, no obstante, que ese consenso es limitado, “porque no saben lo que se movió”, aunque expresó su respaldo a las decisiones de los legisladores, siempre que haya claridad.
"No quiere decir que esto no fuera transparente. Estoy diciendo que lo que salió puede ser una manifestación de hilos que impidieron un verdadero consenso, técnico primero, por la serie de contradicciones que tiene el código en relación con la Constitución, los instrumentos internacionales de garantías de derechos humanos", afirmó.
El jurista advirtió sobre contradicciones tanto normativas como institucionales, razón por la cual insiste en que el nuevo Código debe ser revisado por el Tribunal Constitucional. Añadió que muchos sectores que influyeron en su elaboración debieron ser excluidos.
Asimismo, criticó que se legisle en función de las minorías en términos de derechos humanos. A su juicio, no hacerlo representa un retroceso institucional, democrático, normativo y técnico. También denunció que el nuevo código discrimina por orientación de género y origen.
Salcedo consideró que la principal falla es la exclusión de las tres causales para permitir la interrupción del embarazo, una demanda que —dijo— no es exclusiva de mujeres o grupos feministas, sino de toda la sociedad que lucha por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Recordó que este punto fue motivo de controversia durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes lo observaron, y ahora también en el mandato de Luis Abinader.
El abogado también cuestionó que la normativa contradiga el Código del Menor (Ley 136-03), que derogó la Ley 14-94, al instituir “la pela” como método de corrección, y que entre en conflicto con la Ley 86-90, que creó el Ministerio de la Mujer.
Pese a sus críticas, valoró algunos avances y retrocesos en el nuevo Código Penal, especialmente en temas como feminicidios, derechos humanos, violencia sexual, libertad de expresión y la tipificación de nuevos delitos.
Destacó como positivo que se haya establecido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque lamentó que se excluyera al Estado, a los ayuntamientos y a otras instituciones. A su juicio, esto parece una maniobra de autoprotección por parte de los legisladores y sus líderes políticos y partidarios.
El nuevo Código Penal entrará en vigencia en agosto de 2026.