Abogado alerta sobre riesgos constitucionales y aumento desproporcionado de penas en el nuevo Código Penal
Martínez criticó la aprobación de penas excesivamente largas, como condenas privativas de libertad de hasta 60 años, y consideró que estas medidas no se alinean con los principios de reeducación
También cuestionó lo que describió como “populismo penal”, que consiste en tipificar numerosos delitos nuevos, incluidos conductas sociales, familiares y psicológicas,
El abogado penalista Carlos Julio Martínez. Foto/fuente externa
Nueva normativa
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El abogado penalista Carlos Julio Martínez advirtió este miércoles que, aunque el nuevo Código Penal Dominicano no presenta problemas directos de constitucionalidad, sí contiene riesgos importantes desde el punto de vista jurídico y social. Martínez señaló que existe una norma sustantiva que tiene jerarquía superior a cualquier legislación especial, lo que limita ciertos artículos del Código frente a posibles conflictos constitucionales.
Martínez criticó durante una participación en El Sol de la Mañana, la aprobación de penas excesivamente largas, como condenas privativas de libertad de hasta 60 años, y consideró que estas medidas no se alinean con los principios de reeducación, resocialización y proporcionalidad establecidos en la Constitución.
“El aumento de penas no se vincula con una reducción de la criminalidad, y en un sistema penitenciario colapsado puede generar efectos contrarios a los fines de la justicia”, enfatizó.
Sobre los delitos
El abogado también cuestionó lo que describió como “populismo penal”, que consiste en tipificar numerosos delitos nuevos, incluidos conductas sociales, familiares y psicológicas, sin una evaluación clara de su eficacia o aplicación práctica. Señaló que esto podría derivar en discrecionalidad en la aplicación de sanciones y generar inseguridad jurídica para los ciudadanos.
En relación con el ultraje a funcionarios públicos, Martínez mostró preocupación por la ampliación de su definición, que ahora incluye gestos y señas, aumentando las penas hasta cinco años. Consideró que este cambio puede generar conflictos entre derechos fundamentales, como la libertad de expresión, y la protección del honor y la intimidad.
Requiere socialización
El abogado enfatizó que, aunque la codificación busca unificar y armonizar las leyes penales, el proceso integral de reforma requiere socialización y depuración técnica para garantizar claridad, justicia y proporcionalidad. Martínez recordó que las “vacaciones de la ley” deben aprovecharse precisamente para consensuar y estudiar cada sección del Código.
Finalmente, advirtió que la implementación apresurada de estas modificaciones puede traer consecuencias legales y sociales no previstas, por lo que instó a los legisladores y operadores de justicia a evaluar cuidadosamente los efectos del Código antes de su entrada en vigencia.
