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El abogado José Hoepelman afirmó este martes en el programa Juego de Damas que la modificación del Código Procesal Penal (76-02) mediante la Ley 10-15 es para "apretar" la lucha contra la corrupción de manera política, al tiempo que demandó la socialización con la sociedad de esa reforma.
Sostuvo que insistir en modificar la Ley 10-15 para adecuar los requerimientos al Ministerio Público en los procesos complejos, solvente, confirma y reafirma que se está tratando de modificar la norma para "apretar" la lucha contra la corrupción, pero de manera política.
Consideró además que la modificación de esa ley va a ser declarada inconstitucional porque lacera el Estado social, democrático y de derecho y es una vergüenza en 2025.
El jurista José Hoepelman expresó que ojalá que el plazo que se han dado los legisladores, sea para aprobar como está la Ley 10-15. En esa misma línea, indicó que instituciones como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia han exhortado un consenso al respecto.
"Ojalá que la prisa que ellos mismos se han puesto encima, porque dejaron transcurrir diez meses, se utilice para aprobar la ley tal y como está y las modificaciones que se pretendan en el ejercicio legítimo de cada legislador proponer, se propongan y se discutan con la sociedad abiertamente", acotó.
Calificó de un "contrapropósito" aprobar la reforma a esa legislación.
El jurista sostuvo que nadie se molestaría si se aprueba esa ley como estaba, que es lo único que hay necesidad de aprobar antes del 20 de diciembre.
Manifestó que los legisladores no tienen el más mínimo conocimiento de lo que quieren aprobar y que algunos son camioneros, sindicalistas, rejeros, comerciantes y algunos bregan con medicamentos.
Adujo que lo aprobado en 2002, Ley 76 del Código Procesal Penal, fue por consenso y que vinieron especialistas extranjeros para unificar criterios y constitucionalizar el proceso conforme a la Constitución para el respeto de los derechos fundamentales.
Indicó que conocen al vapor más de 70 artículos porque el plazo vence el 31 de diciembre.
Se preguntó que si los legisladores han pensado en la ciudadanía y lo han investigado para querer modificar el 70% de los artículos y que considera que no.
Sostuvo que se quieren desconocer avances del Tribunal Constitucional que ha venido "desentrañando" temas nodales del Código Procesal Penal, entre ellos cuándo comienza a correr el plazo para la duración mínima del proceso, cálculo de los plazos, afectación de derechos de los investigados y un catálogo de temas.
"Y ahora lo que se pretende es ir detrás del Tribunal Constitucional, contradiciendo los argumentos del Tribunal Constitucional, lo que se pretende aprobar constituye desde mi óptica una actitud de choque entre el poder del Congreso y el Tribunal Constitucional", expuso.
Puntualizó que las decisiones del TC son oponibles a todos los poderes públicos, incluyendo el Congreso Nacional.
José Hoepelman indicó que se quiere llevar el proceso de 4 a 6 años, lo que contraviene a una justicia rápida y oportuna, que es un derecho fundamental, y también la prisión preventiva de 18 meses a 3 años, lo cual es estúpido.