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El abogado y especialista en derecho penal José Martínez Hoepelman dijo este viernes en el programa “El Matutino de la 91” sobre un posible retroceso institucional en la República Dominicana, al considerar que el Ministerio Público busca impulsar una modificación al Código Procesal Penal que contraviene los avances logrados en materia de derechos fundamentales.
Durante su intervención en una llamada telefónica, señaló que “la Procuraduría General de la República se ha pretendido agarrar este evento para remodificar el Código Procesal Penal y echar para atrás muchísimos avances y aclaraciones sobre el respeto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales”.
Agregó que “cuando más del 60% de los presos están en carácter preventivo y tú quieres aumentar la prisión preventiva, el mensaje es que estás ayudando a mantener la percepción de que los procesos judiciales son usados como armas políticas”.
Hoepelman afirmó que las reformas propuestas buscan “acomodar el código a lo que el acusador privado quiere”, lo que podría afectar los principios de proporcionalidad y justicia en los procesos penales.
Puso como ejemplo que la reiteración delictiva, sin considerar el tiempo transcurrido entre los hechos, podría obligar a los jueces a imponer prisión preventiva de manera automática.
“Lo correcto es que primero se investigue y, una vez el caso esté armado, entonces se determine si es necesario arrestar o no”, explicó, al tiempo que cuestionó los casos que se prolongan durante años por la acumulación de pruebas excesivas.
El jurista también consideró necesario garantizar el acceso del imputado a las pruebas del proceso, una tarea pendiente en la práctica penal. Enfatizó que “la naturaleza del Estado en los procesos penales es una naturaleza abusadora, y la función del derecho penal es ser una contención a esa facultad de abuso”.
Sin embargo, tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 10-15 por parte del Tribunal Constitucional, el Congreso debe volver a someterla al trámite legislativo antes del 31 de diciembre de 2025 para garantizar su validez.