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Abogado advierte que requerimiento de Pepca a Nuria Piera puede interpretarse como censura

Según explicó, el artículo 49 de la Constitución protege el derecho de los periodistas a obtener y difundir información como un servicio social de interés público.

Greidy Ponciano
Greidy Ponciano
18 septiembre, 2025 - 4:29 PM
4 minutos de lectura
Abogado Manny Sierra. Foto/fuente externa
Censura
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El abogado Manny Sierra afirmó este jueves en el programa El Sol de la Tarde que la solicitud hecha por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a la periodista Nuria Piera, para entregar emisiones de su programa N Investiga sobre las irregularidades en Senasa, podría generar un precedente peligroso al rozar con la censura.

Según explicó, el artículo 49 de la Constitución protege el derecho de los periodistas a obtener y difundir información como un servicio social de interés público. “El periodista goza de un derecho constitucional, porque su labor consiste en fiscalizar a los funcionarios y asuntos de interés público”, señaló.

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Riesgo de limitar la libertad de prensa

Sierra advirtió que la acción de la Pepca, aunque se sustente en el artículo 285 del Código Procesal Penal, puede interpretarse como una medida que restringe de manera sutil la libertad de prensa y el ejercicio periodístico independiente.

“Lo que ha hecho la encargada de persecución contra la corrupción genera un elemento sumamente peligroso, porque tiene tintes de censura”, dijo el jurista, subrayando que se debe ser cuidadoso al no convertir la colaboración con la justicia en una obligación que comprometa la independencia de los medios.

Preocupación por tendencia en los últimos años

El abogado también expresó inquietud ante lo que considera una tendencia creciente de hostigamiento hacia comunicadores. “En los últimos tres años se ha gestado un mayor interés desde el Gobierno en atacar las comunicaciones. Hoy afecta a periodistas y plataformas nuevas, mañana podría afectar a los grandes medios”, advirtió.

  • Concluyó resaltando que es deber de los organismos del Estado garantizar la libertad de prensa y la protección del trabajo de los comunicadores como veedores de la función pública.
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