x
El abogado Rafael Linares advirtió que el proceso de licitación de la carretera del Ámbar podría acarrear serias consecuencias legales e incluso un conflicto de alcance internacional para la República Dominicana, si no es replanteado a tiempo por las autoridades competentes.
Durante su participación en El Sol de la Mañana, Linares señaló que existen preocupaciones formales en torno a la licitación de esta vía estratégica, una obra de unos 35 kilómetros en zona montañosa, con una inversión estimada en 500 millones de dólares (más de 32 mil millones de pesos), financiada a través de RD Vial. A su juicio, los términos del proceso estarían estructurados para favorecer a un solo grupo empresarial.
El jurista sostuvo que la advertencia ya habría llegado al Palacio Nacional y al propio presidente de la República, debido a los riesgos que implica insistir en una licitación cuestionada en momentos en que el país promueve una nueva Ley de Compras y Contrataciones basada en la transparencia y el control ciudadano. Subrayó que esta normativa no solo contempla sanciones para funcionarios públicos, sino también para las empresas privadas involucradas en irregularidades.
Linares recordó que el diseño original de la carretera del Ámbar fue elaborado durante el escándalo de Odebrecht y que ese proyecto figura en documentaciones internacionales, incluyendo reportes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Alertó que retomar ese diseño sin las debidas revisiones podría reabrir heridas legales ya cerradas y exponer al país a cuestionamientos externos.
Asimismo, consideró que la magnitud y complejidad de la obra ameritan dividir el contrato en partes, para garantizar su correcta ejecución y evitar la concentración excesiva de recursos en una sola empresa, especialmente cuando el grupo señalado ya acumula más de 160 mil millones de pesos en obras públicas adjudicadas.
Finalmente, el abogado hizo un llamado directo al Ministerio de Obras Públicas para que reevalúe el proceso y al ministro Eduardo Estrella para que consulte al presidente de la República antes de continuar con la licitación. Advirtió que, de no corregirse a tiempo, las consecuencias podrían traducirse en responsabilidades penales y políticas, mientras los intereses económicos quedarían intactos.