Abogadas defienden su ejercicio profesional y aseguran que su suspensión fue anulada por el TSA

Las abogadas Lilia María Fernández León y Mariel María León Lebrón acudieron este jueves a El Sol de la Mañana para rechazar la sanción impuesta por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que las suspendió por un año, junto al abogado Joel del Rosario Alburquerque, de la oficina León & Raful.

Durante la entrevista, ambas juristas sostuvieron que la medida carece de validez, al asegurar que existen dos decisiones del Tribunal Superior Administrativo que declararon nulo el procedimiento seguido en su contra. Según explicaron, esas sentencias dejaron sin efecto el apoderamiento que dio origen al proceso disciplinario y, aun así, el tribunal del gremio emitió la decisión sancionadora.

“Nosotros tenemos dos decisiones, no una, dos decisiones que declaran sin efecto nulo el procedimiento ante el Colegio de Abogados”, afirmó Fernández León, al insistir en que la resolución utilizada para procesarlas ya había sido anulada por la justicia ordinaria.

Las abogadas indicaron que la sentencia que intentó sustentar la inhabilitación fue la resolución 03-2025 JD, pero insistieron en que esa disposición ya había sido invalidada antes del fallo disciplinario. A su juicio, el caso se condujo al margen de garantías básicas y sin tomar en cuenta las pruebas que depositaron en su defensa.

Cuestionan origen del caso y el procedimiento disciplinario

Fernández León explicó que todo se origina en un proceso de partición de bienes derivado del divorcio entre su clienta, María Amelia Jazuri, y Juan Rafael Yanes. Según relató, durante ese litigio su oficina adoptó medidas cautelares para preservar bienes de la comunidad conyugal, lo que luego dio pie a acusaciones de supuesta litigación temeraria.

Sin embargo, aseguró que las decisiones de primera instancia que en algún momento las señalaron como litigantes temerarias fueron revocadas posteriormente por la Corte de Apelación de Santo Domingo. “Nosotros no tenemos al día de hoy una sola condenación como litigante temerario”, sostuvo.

Mariel León Lebrón, por su lado, afirmó que el proceso en el Colegio de Abogados estuvo marcado por irregularidades. Dijo que fueron llevadas ante el tribunal disciplinario sin conocer formalmente una acusación y denunció que tampoco se les garantizó adecuadamente el derecho de defensa. “Fue un procedimiento clandestino, donde se violó el principio de la oralidad”, expresó.

También señalaron que notificaron al Colegio de Abogados las decisiones del Tribunal Superior Administrativo que anulaban el procedimiento, pero que esas sentencias no fueron ponderadas en la decisión final. Según afirmaron, el tribunal disciplinario “ignoró” fallos emitidos por los tribunales de la República.

“No me voy a quitar la toga”, dice Lilia Fernández

En uno de los momentos más enfáticos de la entrevista, Lilia Fernández defendió su trayectoria profesional y aseguró que no dejará de ejercer la defensa de sus clientes. “Tengo 46 años de ejercicio profesional y no me voy a quitar la toga”, declaró.

Ambas juristas dijeron haber recurrido la sanción ante la Suprema Corte de Justicia mediante un recurso de revisión, alegando múltiples violaciones al debido proceso. Explicaron, además, que buscarán que el Tribunal Superior Administrativo suspenda los efectos de la decisión disciplinaria.

Sobre su situación actual, sostuvieron que continuarán ejerciendo la abogacía mientras agotan las vías judiciales correspondientes. Fernández León fue enfática en que la sanción no las hará abandonar la representación de su clienta en el caso de partición de bienes.

Durante la conversación, las abogadas defendieron la legitimidad de las acciones legales que han emprendido en representación de María Amelia Jazuri, y afirmaron que el proceso patrimonial aún se encuentra en curso, luego de una larga disputa judicial por el divorcio y la división de bienes.

Aluden a poderosos intereses detrás del conflicto

En otro tramo de la entrevista, las juristas sugirieron que detrás del caso existe un interés por debilitar la defensa legal de su clienta. En ese contexto, Lilia Fernández expresó que hubo “12 millones de razones para desarticular a Amelia”, aunque luego aclaró que no estaba atribuyendo un pago al tribunal ni afirmando que existiera una compra de la decisión.

Más adelante, precisó que con esa expresión se refería a que, en su criterio, hubo “un montonazo de razones” para intentar sacarlas del caso. Aun así, dejó entrever que, a su entender, existieron motivaciones ajenas al derecho para llevar el proceso disciplinario hasta ese punto.

Importante:

• Procedimiento disciplinario anulado,
• Dos sentencias declaran nulidad,
• Defensa del ejercicio profesional

Las abogadas también cuestionaron la explicación ofrecida por el presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, y recordaron que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales disposiciones reglamentarias vinculadas a las facultades sancionadoras del gremio, por entender que esas potestades no pueden descansar en un simple decreto, sino en una ley formal.

Para Lilia Fernández, más allá del debate estrictamente legal, hay un aspecto ético de fondo. “No hay que ver solo los límites legales, sino también los límites éticos”, planteó, al considerar improcedente aplicar una norma que ya fue declarada inconstitucional.

Defensa de sus clientes y advertencia sobre procesos de familia

En la parte final de la entrevista, ambas juristas aprovecharon para enviar un mensaje a las parejas que enfrentan procesos de divorcio y partición de bienes. Mariel León recomendó definir claramente el régimen matrimonial desde el inicio y optar, si es posible, por soluciones amigables al momento de la separación.

Fernández León, en cambio, advirtió sobre la importancia de observar con cuidado la conducta de la pareja antes y durante la relación, al considerar que muchas señales de conflicto o abuso aparecen desde temprano. También recordó que existen mecanismos legales para proteger el patrimonio familiar y enfrentar situaciones de violencia o control.

A pesar del proceso disciplinario, ambas insistieron en que seguirán defendiendo a sus clientes y agotando los recursos judiciales disponibles. En ese sentido, presentaron su caso no solo como una disputa gremial, sino como una batalla por el derecho de defensa y por las garantías mínimas del ejercicio profesional.