La abogada Lianmy Jackson, representante de los hermanos Frías Paulino y Frías Bertrand, parte querellante en el caso Barra Payán, afirmó este martes en El Sol de la Mañana que sus clientes llevan años sin recibir beneficios de la empresa y denunció que la compañía está “secuestrada”, sin acceso a información administrativa ni a rendición de cuentas.
Jackson sostuvo que la situación no debe presentarse como un “conflicto familiar”, al indicar que, de tratarse de diferencias entre parientes, existirían vías alternas como la mediación. Aseguró que la vía judicial se asumió porque —según explicó— se reclama un presunto abuso de confianza y desfalco que rondaría los RD$40 millones, concentrado en el período 2019-2022.
La jurista indicó que sus representados tuvieron que esperar cerca de cuatro años para que el caso pudiera presentarse de manera robusta ante la justicia, tras completar una investigación que, según dijo, incluyó un peritaje forense. Precisó que el informe fue elaborado por un contador/perito “designado por el Instituto de Contadores” y luego juramentado y acreditado por la Fiscalía del Distrito, lo que —a su entender— valida el soporte técnico de la denuncia.
En ese contexto, reiteró que el reclamo no es por una disputa doméstica, sino por presuntas acciones que encajarían en figuras penales y también en normativa relacionada a sociedades comerciales, en el marco de una empresa donde, afirmó, sus clientes no pueden ejercer derechos básicos como socios.
Jackson explicó que el supuesto desfalco se habría producido, principalmente, por la falta de depósitos diarios y por la distracción de efectivo que ingresaba a caja sin ser depositado en las cuentas de Comercial Payán, según lo consignado —dijo— por el perito.
Como ejemplos, citó un cheque emitido desde una cuenta de la empresa en el que, de acuerdo con su versión, uno de los detenidos habría gestionado un pago a sí mismo por RD$3 millones, alegando que era un “préstamo”, sin documentación que lo sustentara ni concepto claro que justificara la erogación.
Además, mencionó dos transferencias que, según afirmó, movieron RD$10 millones en menos de tres minutos desde cuentas de la empresa: una por RD$5 millones a nombre de Imaris Frías, y otra por RD$5 millones a favor de Dagoberto Cabrera, ambas el 25 de enero de 2022, con pocos minutos de diferencia.
Uno de los puntos más sensibles de su intervención fue la denuncia de que, desde 2023, sus clientes no reciben beneficios de la empresa y no tienen acceso a información sobre la administración. Afirmó incluso que no pueden entrar con normalidad a la sede principal, refiriéndose a restricciones que, según su planteamiento, evidencian la ruptura total de la relación societaria.
Al ser cuestionada sobre el modelo de administración y el rol de la mayoría accionaria, Jackson respondió que sus clientes están fuera de los procesos internos, y reiteró que, aunque una parte tenga control administrativo, eso no elimina la obligación de rendir cuentas ni autoriza movimientos de fondos sin respaldo.
Durante la entrevista se abordó que el negocio no estaría cerrado y que las operaciones continúan. En esa línea, Jackson afirmó que el conflicto incluye otras irregularidades, mencionando la supuesta venta de franquicias cuyos beneficios —según su versión— no estarían ingresando a la corporación.
También se habló del esquema de sucursales posterior al fallecimiento del fundador, con distintos puntos operados por herederos, y Jackson indicó que la disputa no se limita a un solo local, aunque se mencionó la sede de la 30 de Marzo como referencia central en la conversación.
Jackson indicó que la aspiración de sus representados es que el proceso siga su curso y que se establezca en tribunales la responsabilidad penal que corresponda. Sostuvo que lo fundamental es “dejar que la justicia trabaje”, luego de años de denuncias y de lo que describió como una imposibilidad de participar en la gestión o recibir información de la empresa.
Finalmente, pidió que el caso se trate como lo que —según afirma— es: un proceso judicial por hechos que deben ser probados en justicia, y reclamó respeto ante ataques personales que dijo han recibido sus clientes en el debate público.