x
El presidente Luis Abinader promulgó este domingo la Ley 97-25, que reforma el Código Procesal Penal y sustituye la Ley 10-15, en cumplimiento de la sentencia TC 0765-24 del Tribunal Constitucional. La nueva normativa será publicada este lunes en la Gaceta Oficial y entrará en vigencia el martes en el Distrito Nacional y el miércoles en el resto del país.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que la reforma adecúa el proceso penal dominicano a los estándares democráticos y recoge criterios desarrollados tanto por el Tribunal Constitucional como por la Suprema Corte de Justicia. Aseguró que el texto moderniza aspectos fundamentales del sistema, al fortalecer varios de los 28 principios que rigen el proceso penal y consolidar un modelo más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de derecho.
Entre los cambios más relevantes, Peralta destacó la ampliación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos —como justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento— que ahora podrán aplicarse a hechos sancionados con hasta cinco años de prisión.
La reforma también refuerza el derecho de defensa y las garantías procesales. Desde las primeras actuaciones —como citaciones o inmovilización de fondos— se activan los derechos del investigado, se amplía el plazo para que la defensa presente escritos y se otorgan mayores posibilidades de solicitar contraperitajes. Asimismo, se fijan por primera vez límites para los archivos provisionales, que deberán revisarse en un máximo de dos años.
En materia de coerción, el nuevo código establece reglas más estrictas y un mayor control judicial para ordenar arrestos, medidas restrictivas o revisiones obligatorias, atendiendo a criterios de necesidad, razonabilidad y motivación. También incorpora de forma expresa el principio de plazo razonable, estableciendo un máximo de cuatro años para casos ordinarios y cinco para procesos complejos.
Otra modificación relevante es la eliminación del llamado “nuevo juicio”. A partir de ahora, las cortes de apelación tendrán facultad para instruir conforme a las reglas del juicio, garantizando un doble grado de jurisdicción más efectivo.
Peralta aseguró que el reformado Código Procesal Penal “impulsa una modernización profunda del sistema de justicia penal”, orientada a la celeridad, la economía procesal, la especialización y el consenso entre las partes, además de armonizarse con el nuevo Código Penal y su clasificación de infracciones.
El proceso de discusión y ajustes incluyó extensas sesiones de trabajo en las que participaron legisladores, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y representantes de distintos sectores de la comunidad jurídica, lo que permitió alcanzar acuerdos amplios sobre la reforma.