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El presidente Luis Abinader aseguró que la construcción de la presa de colas de la empresa Barrick Pueblo Viejo en Sánchez Ramírez no representa una amenaza para la vida de las personas.
Durante una entrevista en "La Semanal con la Prensa", el mandatario afirmó que "se han tomado todas las medidas posibles" para garantizar el correcto funcionamiento de la obra.
Abinader enfatizó el compromiso del gobierno de no permitir proyectos que pongan en peligro a la población.
Asimismo, aclaró que Barrick Gold opera presas de colas similares en otros países y que este no es su único proyecto de este tipo.
En cuanto al impacto ambiental, aseguró que el proyecto cumplirá con el estudio correspondiente, aunque no entró en detalles, ya que considera que el Ministerio de Medio Ambiente sería el encargado de explicar el proceso en profundidad.
Lo que sí dejó claro el presidente Abinader es que, bajo su gobierno, "no se permitirá que ningún proyecto ponga en peligro la vida ni el desenvolvimiento de la gente".
En mayo de 2023, las autoridades otorgaron a la empresa minera Barrick Pueblo Viejo la licencia ambiental para desarrollar su proyecto de una nueva presa de colas, tras completar el proceso de evaluación de impacto conforme a la Ley 64-00 y sus reglamentos.
Dentro de las condiciones impuestas por el Ministerio de Medio Ambiente para la licencia se incluyó el pago de una fianza superior a los mil millones de pesos, así como la preservación de los arroyos y ríos en la zona de Sánchez Ramírez.
Según parte del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa multinacional, las operaciones de la nueva presa de colas se llevarían a cabo desde 2028 hasta 2046, con el cierre del proyecto previsto para 2047 y la "revegetación de las áreas afectadas".
Campesinos de Sánchez Ramírez han organizado diversas manifestaciones exigiendo que Barrick Pueblo Viejo cumpla con las normativas internacionales para el reasentamiento de las familias que serán desplazadas por la construcción de la presa de colas. Se estima que alrededor de 600 familias se verán afectadas por la obra.
El diálogo entre la empresa y los comunitarios se ha estado llevando a cabo mediante una comisión designada por el Gobierno, compuesta por el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; el obispo de La Vega, monseñor Carlos Thomás Morel Diplán; el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; y Ricardo de los Santos, presidente del Senado y representante de la provincia Sánchez Ramírez en la cámara alta.