El presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 396-25, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. La información fue ofrecida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero.
Este reglamento fue elaborado por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, y fue sometido a consulta pública. Además, su contenido fue socializado en un proceso de discusión liderado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
En la elaboración y revisión del reglamento participaron diversas instituciones del Gobierno, entre ellas los ministerios de la Presidencia, Turismo, Vivienda y Edificaciones. También intervinieron representantes de asociaciones municipales y sectores del ámbito empresarial que serán directamente impactados por la norma.
Entre sus disposiciones clave, el reglamento establece que los gobiernos locales deberán diseñar y aprobar planes de ordenamiento territorial. Esta medida busca permitir una gestión más eficiente del uso de suelo en las demarcaciones municipales, obligando a las oficinas de planeamiento urbano a autorizar solo proyectos de infraestructura compatibles con la vocación del suelo.
En el caso específico de zonas con potencial turístico, el reglamento dispone que los proyectos requerirán tanto el permiso de uso de suelo del gobierno local como una certificación de no objeción emitida por el Ministerio de Turismo, garantizando así la viabilidad de las iniciativas.
Además, el Ministerio de Economía y Hacienda será la autoridad encargada de certificar cuáles distritos municipales cumplen con los requisitos establecidos en el párrafo I del artículo 24 de la Ley 368-22, para ejercer la gestión del uso de suelo en sus respectivas jurisdicciones.
La Ley 368-22 y su reglamento constituyen una iniciativa del gobierno del presidente Abinader orientada a promover el desarrollo integral y equilibrado de los municipios. A través de la planificación estratégica y la participación ciudadana, se pretende garantizar mejores condiciones de vida para la población, respetando las características y potencialidades de cada territorio.