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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha expresado su preocupación sobre la aprobación del proyecto que modifica la ley de gestión de residuos sólidos.
Según Finjus, el proceso fue realizado sin una consulta pública adecuada, lo que impide recoger las observaciones de todos los sectores que se verían afectados por las nuevas disposiciones.
El vicepresidente de la fundación, Servio Tulio Castaños, señaló que la modificación de la ley debería someterse a una revisión más profunda por una comisión especial, que considere su alineación con el marco jurídico vigente y los posibles impactos económicos.
"Desde Finjus advertimos que dichas modificaciones deben ser sometidas a una comisión especial que estudie su armonía respecto al ordenamiento jurídico y el impacto económico que pudiesen generar", dijo.
En ese sentido, la fundación citó la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0458/21 que establece que "la dimensión material del estado social y democrático de derecho exige la participación de los ciudadanos en los distintos ámbitos del interés general, sobre todo, en materia de derechos colectivos y difusos como el derecho a un medio ambiente adecuado".