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La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) advirtieron sobre la importancia de contar con un sistema de video vigilancia en las cárceles y propusieron la creación de un plan nacional para implementar cámaras de vigilancia en todos los centros penitenciarios del país y sus alrededores.
El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, y Trajano Vidal Potentini, presidente del CARD, consideran inaceptable que, en “la era de la información del siglo XXI”, todavía existan recintos penitenciarios carentes de mecanismos digitales, como cámaras de video vigilancia u otros dispositivos tecnológicos.
Castaños Guzmán señaló que es aún más lamentable que en algunos centros penitenciarios se disponga de herramientas que no funcionan, y si lo hacen, la información generada no se procesa para corregir fallos del sistema o mejorar la eficiencia interna.
“Esta situación es altamente preocupante, sobre todo porque la República Dominicana posee un modelo de Estado que debe garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, sino también su protección plena, a través de una serie de medios y recursos de carácter integral”, expresó Castaños Guzmán al referirse al editorial del Listín Diario de ayer titulado “Cárceles mal vigiladas”, que cuestiona que los centros penitenciarios carezcan de sistemas de vigilancia profesional, como las cámaras de video.
El vicepresidente de FINJUS destacó que esta carencia no solo representa un peligro inminente para la seguridad e integridad de los internos, sino que también es una amenaza constante para los empleados públicos que laboran en esos lugares y para los visitantes, ya que no existe un sistema confiable que garantice la captura, monitoreo y almacenamiento de información relevante.
Indicó que, al no contar con registros audiovisuales, las investigaciones carecen de calidad y no son efectivas para establecer responsabilidades en casos de fugas, revueltas y riñas.
Castaños Guzmán enfatizó que es hora de que las cárceles dejen de ser lugares caóticos y se organicen para cumplir con el propósito de promover la reinserción social de quienes han violado las normas legales y sociales.
Asimismo, planteó la urgencia de implementar todas las medidas necesarias para asegurar la vigilancia y protección de las personas en esos entornos, garantizando condiciones de vida digna, tal como lo estipulan la Constitución y las leyes en los recintos penitenciarios.