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Los jueces del Tribunal Colegiado del distrito judicial de La Romana condenaron a José Luis García a 12 años y seis meses de prisión tras ser hallado culpable de agredir sexualmente a cinco niñas y adolescentes. Además, deberá pagar una multa de RD$100 mil, según lo establecido por los artículos 330 y 333 del Código Penal.
El condenado cometió los delitos contra niñas y adolescentes de entre 7 y 14 años de edad, aprovechando momentos en que las madres de las víctimas no se encontraban en sus hogares. Según el expediente, García amenazaba a las víctimas de muerte y, en ocasiones, les ofrecía dinero para que no revelaran los hechos.
El proceso judicial estuvo dirigido por la procuradora fiscal Soila Pilier, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de La Romana, quien presentó la acusación ante el tribunal.
Durante el juicio, el fiscal litigante Juan Núñez detalló los hechos y sustentó la acusación con pruebas audiovisuales, documentales, periciales, procesales y testimoniales, las cuales sirvieron para fundamentar la condena.
Los jueces Máximo Agustín Reyes Vanderhorst, Idenisse Catedral y Jossephang Bernhardt dictaron la sentencia tomando en cuenta la evidencia presentada por el Ministerio Público. García cumplirá su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, en La Romana.
El caso refleja la importancia de la atención integral a víctimas de violencia sexual y el trabajo coordinado entre las autoridades judiciales y fiscales para proteger a menores y garantizar justicia.
Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos sexuales, especialmente aquellos que afectan a menores de edad. En ese sentido, destacaron la importancia de que las víctimas y sus familiares denuncien estos hechos para garantizar una respuesta oportuna del sistema de justicia.
Asimismo, organismos vinculados a la protección de la niñez recordaron la necesidad de promover entornos seguros y de vigilancia en las comunidades, así como el acompañamiento psicológico a las víctimas. Indicaron que estos procesos son fundamentales para la recuperación emocional y para evitar la revictimización.